Hacia la reorganización democrática de un espacio “territorial” en disputa: el caso de la región lacandona, en el sur de México

9 08 2009

Alfonso González Martínez
Grupo de Estudios Ambientales, AC

1      ¿Democracia y territorio?

No es fácil la relación de los conceptos territorio y democracia; la consolidación de un territorio, como posesión social, ocurre comúnmente bajo determinaciones de poderes poco democráticos. Sin embargo, en nuestro mismo tiempo existen otras formas como se van articulando esos conceptos; en prácticas novedosas, no muy extendidas, pero reales y expansivas.

Aquí intentaré aclarar, desde la sociedad mexicana en que reflexiono el tema , cual puede ser una óptima relación entre esos dos conceptos, insertando esta reflexión en un marco de preocupación por la construcción de relaciones sociales más justas, equitativas y sustentables.   Al menos, exploraré las dificultades que identifico para lograr esa óptima articulación.

Parto de un supuesto que yace al fondo de nuestra vida organizada (aquí y en diversas regiones del mundo) y que la misma carta constitucional mexicana consagra en su Artículo 39: que los pueblos tienen en todo momento el derecho a decidir cómo organizarse, con qué forma de gobierno regir sus relaciones… y –añado yo- tienen consecuentemente el derecho de ocupar un lugar sobre la tierra, del cual puedan tener control suficiente para poder desarrollar desde ahí su vida en forma responsable, auto-determinada y auto-sustentada, sin que por ello se piense que pretenden vivir aislados del resto del sistema social mundial. Ese lugar es lo que llama la gente, normalmente, su “terruño” o patria chica .

Este supuesto de firme base popular, llevado a una práctica radical, puede ayudar a orientar la construcción de sociedades locales sustentables y dignas; en relación armoniosa con su entorno natural, creciendo-y-manteniéndose a una escala o tamaño que permita una convivencia “humana” entre sus habitantes, en el más amplio sentido del término; recreando incesantemente su identidad cultural y en plena y equitativa posesión, soberana-y-popular de un “territorio” que garantice el sustento espacial para que esa vida social sea viable. Este enunciado parece ser el espíritu de un nuevo “derecho” que va ganando legitimidad por el mundo .

2.  Un caso pretexto: la situación territorial en la región lacandona

A lo largo de mi exposición, incorporaré algunos detalles del caso de La región lacandona, en el sureste de México, para interpretar la situación que ahí prevalece, al trasluz de éste enfoque, con el que busco articular los dos conceptos.

Pero antes, algunas precisiones sobre esa articulación de conceptos. De inicio, propongo considerar esa óptima relación de la manera siguiente:

Sugiero que la gestión democrática de un territorio, en su sentido de porción espacial, geográfica, regulada colectivamente por parte de sus pobladores locales, es condición posible y óptima en sociedades democráticas, para avanzar hacia formas sustentables de convivencia y hacia una estrategia de co-evolución de cada micro-sociedad local con su nicho geo-ecológico; y añado que esta afirmación mantiene su vigencia aún si se reconoce la inserción de ese territorio en espacios mayores, comprendidos en un “territorio soberano” estatal, bajo control de una formación social compleja y heterogénea (o país), y aún si esa condición de existencia (local-estatal) ocurre en un marco de subsunción a poderes colonizantes que acoten a la misma formación social y la sometan a fuerzas globales de mercado y de hegemonía de control militar ajenas a su soberanía (o sea, que la mantienen en una situación de mayor o menor dependencia).

3     Precisemos “democracia”

Para avanzar, hay que precisar un poco más; vayamos con el primero de los conceptos clave: hablar de democracia hoy día parece trivial: el “el gobierno del pueblo para el pueblo”. Es principio de la estructura constitucional en nuestro país y es concepto que nos ha sido heredado desde la antigua Grecia de hace 25 siglos. Se ha venido transformando y enriqueciendo: En nuestro tiempo democracia significa ejercicio (lo más colectivo posible) de decisiones en una comunidad que asume serlo (como la ciudadanía de un país, por ejemplo), sobre las formas de regulación y ejecución de la normativa política de los asuntos públicos. Los cambios de esa orientación colectiva se recogen periódicamente, mediante diferentes instrumentos para integrar la opinión general de los miembros de esa comunidad sobre quienes serán (electos como) los representantes de la población total para cumplir esas tareas, cuáles serán las orientaciones de la política de esa gestión y cuáles los aportes de cada ciudadano para esa gestión de lo público. Una democracia madura prevé, asimismo lo que ocurrirá a quienes violenten ese orden construido y legitimado mediante esos acuerdos progresivos.

No obstante, cuanto menos directa es la democracia , menos democrática es; y en esos casos, cede mucho de la capacidad de decisión, originalmente en manos de todos, a su manejo en Petit comité del poder, aún de los gobernantes electos democráticamente.  Esto afecta, por supuesto, la capacidad de control de sus territorios por las sociedades locales. En esas condiciones de democracia representativa, se va concentrando el sentido de “soberanía” en procedimientos y principios que se operan desde ámbitos de gobierno cada vez más estrechos. Y esa condición –muy de nuestro tiempo- es la que confronta al mismo concepto de construcción (y gestión) democrática del territorio.

En esas circunstancias, la expresión “sociedad democrática” podrá subsistir, pero –en estas nuevas condiciones- la sociedad local ya no tendrá a su disposición la capacidad de reconocer como propio un territorio, ni menos, realizar la gestión de recursos, servicios y funciones colectivas que comprende. He ahí una buena paradoja de este tiempo.

Pero…  ¿Qué es un “territorio”?

Para completar el cuadro, necesito incorporar el otro concepto básico: propongo que un territorio es una porción del espacio geográfico, del que se “posesiona” un colectivo con el poder suficiente para mantener control del mismo en una perspectiva de tiempo suficiente para que la sociedad posesionada eche raíces ahí, y con un relativo control sobre lo que ocurra ahí, frente al resto de los habitantes que ahí habiten y/o que reclamen también su posesión “legítima”. El colectivo que se posesiona soberanamente del territorio tiende, al paso de generaciones, a posesionarse culturalmente, es decir: simbólica, defensiva y productivamente de “su” territorio, con relativa autonomía de anteriores posesionarios, sobre todo si estos pierden poder para controlar lo que ocurra es ese espacio re-territorializado .

La noción de territorio comprende, a su vez, múltiples componente, aunque es, en primer lugar, de orden jurídico-político y aplica a “todo lo que es controlado por un cierto tipo de poder” . Otros componentes de “territorio” abarcan su correspondencia con elementos de identidad cultural, funcionalidad económica, sustentación ambiental y eventualmente, con determinaciones de índole militar extra-local .

4     Territorio, identidad y territorialización

Esa dinámica de la “territorialización” que un grupo humano puede lograr, va de la mano con la movilidad humana y su capacidad de “asentarse” establemente en un espacio determinado. Por un largo período de la historia, la movilidad de grupos humanos estaba asociada a su condición de sobrevivencia como cazadores-pescadores-recolectores nómadas o itinerantes estacionales. Pero independientemente de los puntos de origen de sus desplazamiento, diversos grupos se han expandido a cada vez más extensas porciones del planete ocupando espacios y “territorializándolos”; es decir, poniendo su sello cultural identitario a esas porciones del espacio terrestre y/o marino, al mismo tiempo que “lograban” controlar suficientemente lo que ahí ocurre. La secuencia de esas presencias en cada porción del planeta es parte medular de la historia humana.

Esos movimientos migratorios, que ocurren irregularmente, con formas de expansión espasmódicas y multilineales, han ahogado (muchas veces con la violencia de la conquista), las identidades de los pueblos anteriores en los sitios en donde llegaban a  asentarse y las precedentes “territorialidades”, imponiendo nuevas fronteras al espacio, y nuevos controles sobre ese espacio –y ocasionalmente, han generado nuevas identidades que reconfiguran las formaciones sociales locales precedentes.

En otros procesos más armoniosos, los que arriban a un espacio ya ocupado con vigor organizativo y territorialidad consistente, se incorporan a la sociedad local e “hibridan” con ella nuevas formas culturales…  contribuyendo a reconocer y afirmar el “territorio” pre-existente, que ahora también es “suyo”: surge de esa fusión un pueblo mestizado. De los que llegaron, se puede decir que se “territorializan” o se funden con la sociedad local.

El proceso de territorialización – desterritorialización – ¿reterritorialización en nuevas circunstancias?  Es discontinuo, pero imparable; magmático y metamórfico de la condición humana en el espacio…

¿Hay una cierta tendencia evolutiva en ese proceso metamórfico? ¿Es posible, al menos en este tiempo, reconocer alguna tendencia en esos movimientos  y flujos ya planetarizados?

5   La modernidad imperialista

Si, en los tiempos más recientes, de los últimos cinco siglos, fue ocurriendo un gran proceso de desterritorialización de muchos pueblos, bajo presiones de estados imperialistas y/o grandes corporaciones transnacionales, que lograron reducirles a súbditos mediante formas violentas de explotación de los recursos naturales que albergaron “sus” territorios, y que también intentaron la subsunción de sus vidas, logran romper muchas veces su cohesión cultural y su resistencia, al grado, en ocasiones, de borran su existencia como sociedades organizadas con identidad propia. En esos casos sus sobrevivientes han sido absorbidos por nuevas sociedades, que a su vez redefinen sus territorios.

¿Un ejemplo?  Muy cercano: en lo que ahora es la república constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ese proceso generó una reducción de las identidades culturales-y-territoriales, partiendo de las cifras de unos 250 pueblos con lenguas y territorios propios, existentes en el siglo XV, a las apenas 50 o 60 que quedan en nuestro tiempo; ahora subsumidas al nuevo orden territorial, cultural y militar, establecido colonialmente por los conquistadores europeos, y reorganizado en el siglo XIX por la minoría criolla que estableció la Constitución de 1824. E la primera etapa de ese proceso en tierras mexicanas, una población de unos veinte millones de habitantes originarios fue reducida a menos de dos millones en dos siglos .

Se puede concluir que las sociedades conquistadoras, sobre todo aquellas que se expandieron al resto del mundo desde Eurasia, han contribuido grandemente a la “reducción” de muchos pueblos a una condición de “etnias subordinadas” y desterritorializadas; obligadas a formar parte de las estructuras de repúblicas coloniales calcadas de los moldes europeos, o más sencillamente, “dependientes” de los estados contemporáneos y poderes fácticos metropolitanos y/o trasnacionales.

Sin embargo, también ha habido, como un proceso perenne, de resistencia expresada desde diversos rincones de esos nuevos territorios coloniales, o bien desde los espacios que se van llenando de nuevos migrantes que van “haciendo pueblo”, formas de resistencia difusa, velada, y que, cuando vuelve a cobrar vigor, pulsan o estalla en nuevas expresiones de sociedades que reivindican sus anteriores patrones culturales, sus territorios, su derecho a una vida propia, a su manera. En buena parte de esas emergencias, se expresan los esfuerzos sociales locales o extensos, por re-organizar sus vidas y sus territorios, con mayores grados de autonomía de las metrópolis imperiales o estados nacionales que les subordinan  .

6     ¿Será posible que ocurran procesos de territorialización democrática hoy día en nuestro país?  ¿Qué condiciones requerirían para sostenerse?

¿Cómo re-organizar democráticamente el territorio, para que pueda ser el nicho de sociedades sustentables, justas; en armonía con su entorno natural, que puedan mantener una escala “humana” local, con identidad cultural propia y con plena posesión soberana-y-popular de su “territorio”?

Si nos hacemos esta pregunta desde la situación de sometimiento que padece, en términos generales, nuestra sociedad mexicana; y que se expresa en subsunción tanto a poderes imperiales como a estructuras regional-nacional de poderes que determinan –desde fuera de la situación local- el desenvolvimiento de lo que en ellas ocurre  ¿Es posible siquiera pensarlo?  ¿No será estrictamente un pensamiento dislocado, una utopía?

Respondo enfáticamente: si es posible para una sociedad local dar, progresivamente,  ese viraje a alguna modalidad de re-territorialización soberana-y-popular de su espacio geográfico de sobrevivencia, pero a condición de que: la capacidad de la misma sociedad local, de ejercer suficiente control sobre su propio desenvolvimiento, como “democracia de base”, o cara-a-cara, o directa, para regular su vida colectiva,  pueda orientar auto-sustentadamente una vía propia para hacer su vida colectiva, construyendo, proponiendo y resistiendo, frente a presiones externas que buscarían insistentemente dislocar ese esfuerzo y someter al colectivo a una vía heterodeterminada de sometimiento.

Por supuesto, la articulación, o “federación” democrática de esas sociedades locales les puede permitir ganar suficiente “poder” o capacidad de control de su propia situación de sobrevivencia, sin perder la posibilidad de mantener una coordinación democrática de su gestión, local y federal; y mejor aún, de su articulación con una sociedad mayor, en la que fueran un caso de evolución “atípico”, pero viable .

Con esta sugerencia de opción de “territorialización democrática” no estamos volviendo a suponer que la condición contemporánea del “estado” democrático constitucional, aún si ahora reconoce la condición pluricultural de su población, sea ya el espacio político idóneo para darle viabilidad: no; más bien entiendo que ha sido ese tipo de estado, representante de la modernidad ilustrada, el que nos tiene en la situación contemporánea general ya descrita, de pulverización de las territorialidades democráticamente establecidas de las micro-sociedades locales. Hablo más bien de procesos emergentes, a contrapelo de esa situación predominante, que están ocurriendo en diversas porciones del país y del planeta, y que están re-configurando los “territorios nacionales soberanos” establecidos en este tiempo.

Pero por supuesto, la observación de esos casos, la lectura de “esos acontecimientos” singulares sólo puede ser hecha desde fuera del esquema convencional de interpretación, y tratándolos como lo que son, casos de excepción, pero prominentes.

7     El proceso de reorganización de “territorio” en un espacio en disputa multi-actoral; la región lacandona

Intentaré –brevemente- mostrar un ejemplo en el cual se puede notar la fulguración magmática de ese tipo de reconfiguración territorial de la que hablo, y de los actores y fuerzas sociales diversas que la hacen posible y/o la resisten. Es el caso de la porción geográfica denominada “región lacandona”, en el sur de México.

Es posible que esta región sea un escenario privilegiado del país, en donde han ocurrido concentradamente, durante las últimas cuatro o cinco décadas, cambios de lo más profundo que registra la sociedad mexicana; por lo que es en ella donde se pueden notar tangiblemente algunas de estas novedades en la reconfiguración territorial de las que hablaré aquí . Pero vamos poco a poco.

El espacio físico de La Lacandona: la “región natural”

La condición natural de la zona de la que hablamos es privilegiada de por sí. Una cierta condición natural unifica el “paisaje” de la llamada “región lacandona” desde un punto de vista geo-ecológico y la distingue de su entorno.  Es la porción mexicana de las tierras que constituyen una buena parte de de la cuenca del río Usumacinta, el más caudaloso del país; y coincidentemente, es la parte montañosa en la que se genera buena parte de las aguas que circulan por su cauce. Corriente inmensa de agua, el Usumacinta sirve de lindero en la actualidad, mediante su curso principal, a dos territorios nacionales: México y Guatemala .

La porción sur-oriental de la gran cuenca del Usumacinta comprende algunas porciones  montañosas  y de mesetas no muy altas (de los 500 a los 1,400 metros de altitud sobre el nivel del mar), pero sí cargadas de una vegetación de selvas alta, mediana y bosques de pino-encino, con una pluviosidad muy intensa, que crean un clima de trópico muy húmedo, debido tanto a su propia ubicación latitudinal, cuanto a su formación escabrosa, que la configura, básicamente como una serranía con siete cañadas, cuyos cauces bajos corresponden a varios de los principales afluentes del río Usumacinta en su porción sur-oriental .

Se reconoce hoy día a la “región lacandona” como esa porción espacial que abarca la serranía con sus cañadas y las porciones de laderas de esas montañas, hasta las tierras bajas que las rodean, las lagunas que se generan del gran abasto de aguas que producen sus bosques, y las porciones planas de tierras en las cercanías, que han contribuido a su poblamiento desde hace milenios. Se estima que tiene una extensión no mayor de 1,500,000 hectáreas  y  representa, aproximadamente, la mitad de la porción correspondiente a México de la cuenca del Río Usumacinta, que cubre 2,768,000 hectáreas, extendiéndose en una circunscripción administrativa correspondiente a cuatro municipios chiapanecos (Altamirano, Margaritas, Ocosingo y Palenque) .

Esa porción del país resiste su calificación con rigor: si entendemos como región aquel espacio de “conveniencia funcional” a intereses principalmente económicos, pero que pueden abarcar también aspectos culturales, sociales y políticos, y que forma parte de un espacio mayor , resulta que el espacio de la región lacandona reviste con toda propiedad su denominación; y que nos es de utilidad para explicar la sobre-posición de determinaciones territoriales sucesivas.  Veremos como se integró a lo largo de siglos.

La ocupación humana en diferentes momentos: consolidación de una “región lacandona”

I   Tenemos los vestigios arqueológicos de la primera presencia humana: en la cuenca del Río Usumacinta ocurrió inicialmente una ocupación de pobladores de ascendencia cultural olmeca, que hará unos 3,000 años subieron progresivamente a la parte media de esa cuenca por los ríos mayores, afluentes del Usumacinta, desde sus asentamientos mayores, cerca de la desembocadura el Río en el mar, explorando sitios de asentamiento; mismos que ubicaron cerca de la Laguna de Miramar y en algunas de las cañadas de la región. Sin embargo, la propia exuberancia natural y una tecnología agroforestal muy rudimentaria, con cultivo básico de milpa, inhibió ocupación mayor de la zona durante un buen tiempo . Luego declinó su presencia, y unos siglos después empezó a ejercerse una nueva influencia, de los señoríos mayas provenientes de tierras más al sur-oriente.

II   Hará unos 1,500 años que algunos pueblos de lengua maya, con diferentes variantes culturales, y que mantenían entre sí bastante coordinación competitiva sobre el uso del espacio, ocuparon “porciones” territoriales relativamente autónomas entre sí a lo largo de valles y cañadas de la zona. Comerciaban a lo largo de los ríos y se establecían en los sitios más habitables y fértiles.  Bonampak, Toniná, Piedras Negras, Lacanja, fueron algunos de los sitios cabecera de esos señoríos, en donde subsiste evidencia de ocupación de los sitios en ese tiempo. El  grupo que se estableció en las riberas de la Laguna de Miramar, uno de los mayores reservorios de agua dulce para los tiempos de seca en la zona; reconoció un islote en ella,  con una gran formación rocosa, como su sitio de adoración, su Lacam-tún. Ese grupo, “los del lacantún” en el español rústico, fue progresivamente reconocido como los Lacandones.

Hace unos 1000 años se consolidaron de nueva forma, como sus restos arqueológicos lo indican, señoríos poderosos en Palenque y Toniná, que marcaron el mayor momento de apogeo maya. Antes de la llegada española ya había declinado ese poderío en la región.

Cuando la conquista española ocurre sobre esas tierras, muchos grupos menores, sin grna cohesión social ni defensiva, fueron derrotados rápidamente, Sin embargo, la conquista fue resistida fuertemente por los lacandones, al grado que, desde un primer contacto con ellos, en 1530, dura más de un siglo el combate regional para someterlos, lográndose desaparecerlos como pueblo alrededor hacia de 1695.  La población desaparece, pero ahí mismo empieza a nacer para la región su futuro nombre desde el mito; estas serán, en adelante, las tierras de “El Lacandón”; mismo que todavía conservan en cierta porción Guatemalteca hasta hoy en día .

III   Con la derrota de los últimos lacandones, la zona fue, literalmente, casi vaciada de su población originaria; los pobladores de asentamientos serranos o selváticos fueron reducidos a algunos nuevos poblados cerca de los asentamientos españoles, para mano de obra disponible. A la reducción y desaparición cultural de los lacandones y otros grupos mayas diversos del área, siguió un tiempo de recomposición del control del espacio de la zona. Los administradores coloniales españoles exploraron múltiples formas de adscribir a ranchos particulares y monterías (grandes predios para extracción de madera) las tierras de la lacandona entera y más espacios circundantes, sobre todo en Tabasco: la ruta de extracción de productos seguía teniendo su salida principal al mar.

A lo largo de la época colonial, del siglo XVII al XIX, se fueron conformando y abandonando ranchos selváticos. Cuando se agotaba la madera de mejores calidades y fuste, ya no “valía” el rancho y muchas veces se abandonaba o malbarataba a su suerte la posesión del predio, vendiéndose o perdiéndose las escrituras.

Después de extraer la madera posible, algunos peones quedaban en los campamentos y sobrevivían en el monte; a veces sencillamente huían de las monterías más selva adentro .

IV   Al independizarse el país de la corona española, empieza, en 1822, una nueva generación de empresarios a aprovechar la madera de la zona. Progresivamente se revaloran esas tierras para la extracción forestal a mayor escala. El nuevo estado mexicano decreta (en 1857) leyes que permitirán “deslindar” la mayor parte de las tierras del país, para reconfigurar su posesión en nuevas manos, que muchas veces eran las de los dueños mismos de las compañías deslindadoras. Empresas extranjeras y otro tipo de empresarios mexicanos modernos; los nuevos dueños de esas tierras, con más capital para invertir en la extracción de madera, empiezan a penetrar la selva de la región lacandona; y reconfiguran el mapa de la región misma, desde un punto de vista estrictamente económico.  No había otro interés sobre esas tierras del propio gobierno porfirista .

La reordenación de la región lacandona a principios del siglo XX

V   La caída del gobierno de Porfirio Díaz, y la recomposición del estado mexicano independiente, tras el movimiento armado de 1910-21, permiten reconfigurar de nuevo el “mapa territorial de la región lacandona”. Empiezan a resaltar los linderos de municipios, sobrepuestos a las escrituras de algunas de las viejas propiedades que –sobre todo en Chiapas- subsistieron hasta nuestros días. Simultáneamente se ve el florecimiento de nuevos asentamientos de pobladores, que arribaron como peones madereros, atraídos a la montería, y que fueron haciendo su vida en la región. Se va “repoblando” la región, en torno a ríos, rutas de transporte de madera y las mejores tierras ya roturadas.

Asimismo, en ese tiempo (1920-1940), como saldo de la revolución, empiezan a generarse nuevas contradicciones en el seno de las propias comunidades indígenas de las tierras altas y frías de Chiapas: los más pobres de sus habitantes emigran a la lacandona, donde existe el atractivo de que puede haber trabajo en las monterías modernas y más tierra disponible, no ocupada por nadie, en lo profundo de las cañadas selváticas, que el gobierno mexicano está dispuesto a dejar que sea poblado por ese nuevo peonaje para las actividades productivas ganaderas, madereras y de la misma actividad agrícola.

La historia se acelera: muy rápidamente se incrementa la migración hacia el área, cuando el nuevo gobierno mexicano decide que puede ampliar su frontera agrícola hacia esas tierras vírgenes, fértiles, y vacías…  La gran iniciativa gubernamental para impulsar nuevos centros de población ejidal en la región lacandona – y en el sureste mexicano entero- permite re-poblarla con campesinos pobres, pero ansiosos por trabajar, que llegan de los alrededores y de todo el país.

Una estimación reciente, de la población en el área , correspondiente a los cuatro municipios en los cuales queda comprendida la región lacandona (aunque no abarque más que una mitad aproximada de los mismos), nos da los siguientes datos; para Altamirano, margaritas, Ocosingo y Palenque, la población total era:

–    En  1920       20,089      habitantes
–    En  1940      34,224        “
–    En  1960       62,684        “
–    En  1980        159,729        “
–    En  1990        287,815         “  y
–    En  2000        376,515        “

VI   En ese momento se toma, desde las altas esferas del poder en México, una decisión singular: el gobierno decreta en 1972 la existencia de un predio agrario comunal de la “Comunidad Zona Lacandona” (CZL), por el cual dota de 614,321 hectáreas (buena parte de la región lacandona; la mitad montañosa con vegetación mejor conservada) a favor de 66 familias de lacandones, que habitaban algunos pequeños caseríos en la zona. Esta acción, aparentemente generosa, aparentemente viene asociada a otras intenciones que se notarán con rapidez: para empezar, el predio CZL se sobrepone a cuatro dotaciones agrarias ya pre-existentes, y/o a las solicitudes de dotaciones de tierras de unas 40 pequeñas comunidades que habitaban también el predio, y que eran también solicitantes de tierras, que resultan no reconocidas por la institución agraria.

Muy pronto se aclara el misterio: el propio gobierno mexicano, en 1974, a través de su Subsecretaría Forestal (institución de gobierno federal) favorece la creación de la empresa Compañía Forestal de la Lacandona SA (COFOLASA) que aprovecha viejas instalaciones que el gobierno había expropiado a empresas forestales anteriores  e instala un gran aserradero cerca de Palenque y avanza, sobre el predio agrario CZL, a extraer inmensas cantidades de madera en forma desmesurada, pagando solamente la pequeña cantidad de dinero por m3 correspondiente al “derecho de monte” a los comuneros.

Simultáneamente, son escuchados los reclamos de algunos otros de los grupos informales que habitaban el predio CZL antes de su declaratoria de 1972, y que son adscritos como nuevos miembros de la comunidad agraria CZL. Un total de 27 de esos núcleos son integrados al predio agrario CZL, y según su lengua, son divididos en tres grupos; los llamados lacandones (unas 66 familias que serán reubicados en los alrededores del paraje de Lacanjá); los choles (unas 900 familias, a quienes se reubica en el poblado de Frontera Echeverría, junto al río Usumacinta) y los tzeltales (unas 400 familias, que serán ubicadas en el paraje de Nueva Palestina, muy cerca del viejo aserradero de Chancalá, cerca de Palenque, a donde iba a dar la madera de la zona).

Sin embargo, los otros 13 núcleos de pobladores, que tenían sus propias formas de acción, organización e interés sobre el predio, se mantienen en sus mismas posesiones de tierras, ocupando las porciones que ya trabajaban, y reclamando igual derecho a poseer “su territorio”, ganado con su trabajo en el área, al paso del tiempo. Por supuesto, habrá diferencias, hasta el día de hoy, entre los pobladores incorporados a la CZL y los que no se reconocieron en esa ecuación territorial. Parte de esas diferencias se debía al carácter de sus propias organizaciones, con orientación diferente, y otra buena parte tenía que ver con la vinculación diferenciada que unos y otros tenían con un gran trabajo de catequesis que desde la diócesis de San Cristobal de las Casas se había tenido hacia la zona, particularmente influenciada con la visión de la “Teología de la liberación”.

En los años siguientes, sobre todo en la década de 1980-90, llegarán a la región lacandona y sus alrededores, una gran cantidad de campesinos-indígenas (no menor de unos 50,000 personas) como refugiados, tanto de la zona de afectación trágica por la actividad volcánica de El Chichonal, en el propio Chiapas, como los refugiados de guerra de los vecinos países de El Salvador, Honduras, y Guatemala. En México se les busca acomodo y van surgiendo cientos de pequeños campamentos de refugiados, al lado de otros poblados de la zona .

Aunque a mediados de los 90s acabaron las hostilidades mayores en los países centroamericanos, el flujo migratorio irregular, que ocurre al cruzar el Río fronterizo, por muchos sitios sin control migratorio, favorece nuevas oportunidades de flujo, de los ahora llamados “indocumentados” que pasan a México esperando poder circular, cruzando el país, hasta llegar al territorio de los Estados Unidos. Ese flujo sigue vivo, y es objeto de toda clase de tratos injustos para esa población “de paso”.

Discrepancias intra-sistémicas sobre La Lacandona hacia el fin del siglo XX

VII   En 1978, es decretada como Área Natural Protegida la mayor parte del predio agrario CZL, y algunas tierras periféricas, con el poético nombre de Reserva de la Biosfera Montes Azules ; y la restricción del uso del suelo a la que obliga a sus habitantes es puesta bajo resguardo federal (de la SEMARNAT y progresivamente diversas fuerzas armadas). El gobierno mexicano se apoyará –aparentemente- en ambientalistas que reclaman conservar la riqueza prístina de esas selvas, así como su carácter maravilloso de reservorio de biodiversidad y su papel de ser la fábrica de agua dulce más importante y significativa para el país.

Pero ¿Qué ocurrió?: Pareciera que con éste último acto entran en contradicción, desde el propio ámbito gubernamental, cuatro esquemas de valoración diferente, aplicados a la región;
a) el más novedoso, de la corriente gubernamental “ambientalista” que buscaba proteger –como patrimonio de un valor único y escaso- la riqueza de biodiversidad y servicios ambientales de la región;
b) el de la corriente gubernamental productivista de corto plazo, que había decretado la apertura de la frontera agrícola sobre el área, y preveía seguir aprovechando la madera del predio lacandón pagando precisos ínfimos por esa madera en una ecuación de producción para-estatal;
c) el de los miembros de la CZL (unas 1000 familias en total), que no estaba muy satisfecho por la decisión gubernamental que favorecía los intereses “ambientalistas”, pero preveía que se podía beneficiar a la larga con ella, sobre todo si se aliaba a la misma, expulsando del predio, de paso, a los otros pobladores “irregulares”; y
d) la posición, difícil de sostener, de reconocer los derechos agrarios de los pobladores de los diversos asentamientos locales, no miembros de la CZL, que reivindicaron su presencia y la ocupación histórica de tierras que tenían, y que empezaron a distanciarse del gobierno y de la CZL, reivindicando “su tierra” a su manera; muchas veces en estrecha unión con los emigrantes centroamericanos refugiados en el área .

VIII   No pudo haber mejor caldo de cultivo para que la insurgencia neo-zapatista de 1994 emergiera de esa zona. Las contradicciones entre pobladores con diferentes intereses fueron arropadas, por una parte, por la causa insurreccional, y en otros casos, de una u otra manera, por la propia acción militar y paramilitar, que se apoyó en esas otras partes de la población.

La acción insurreccional del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, desatada en 1994, pero con una larga gestación en la región, puso en la mesa una carpeta adicional de intereses, que no habían sido evidenciados, que hacían más compleja la situación del área: además de argumentar la legitimidad de los derechos de todos los pobladores locales sobre la tierra, los miembros del EZLN publicitaron evidencia de exploraciones petroleras y de indicios de existencia de otros minerales valiosos (como oro y uranio) en la zona, con la que buscaban demostrar lo unilateral de la política por “conservar” solo la biodiversidad, cuando en el fondo, el propio gobierno buscaba expulsar a una parte significativa de la zona para poder realizar aprovechamientos “estratégicos de recursos” sin presión social obstaculizante. Su insurrección ganó reconocimiento social amplio, si bien fue reprochado su alzamiento en armas por buena parte de la propia sociedad civil mexicana. Frente al estallido de una confrontación armada, que provocó un despliegue muy rápido de fuerzas militares al área, para buscar sofocar la insurrección de las columnas zapatistas en diferentes puntos de la región, las fuerzas civiles más activas de la zona plantearon una contención heroica al choque armado, que día a día presagiaba masacre zapatista muy pronta, a siete días de la insurrección .

IX    Una hábilmente planteada Ley de amnistía, decretada prontamente por el gobierno mexicano, en el mismo mes de enero de 1994, permitió que a los pocos días de iniciado, el alzamiento disminuyera su violencia de fuego, pero no la energía de su movilización. El impacto logrado por el levantamiento permitió en la región un inmenso movimiento social informal de recuperación de tierras concentradas en latifundios y la visibilización de un “proyecto social” autonomista sobrepuesto a una parte significativa de las otras formas de organización social pre-existente en la región lacandona.

Ese proyecto, al irse evidenciando en actos, pudo configurar y defender un cierto “territorio zapatista” en forma dinámica cuando, con la fuerza de la presión social inmensa, se fueron marcando los límites a los lugares por los que podía circular o a los que podía entrar el ejército, y a qué lugares ya no entraba, fuera de los caminos de terracería, los arroyos y los poblados mayores.

Entre 1995 y 2001, se fue consolidando ese “territorio zapatista en rebeldía” encimado a las otras pretensiones y posesiones territoriales de la CZL y de los propios “territorios” de los pobladores locales que existían antes del decreto de la CZL en 1972.  Influyó para ello, por supuesto, la evidente mala fe del segmento más duro del gobierno federal, que traicionó en 1995 a su propio Secretario de Gobernación y a los legisladores incorporados a una Comisión de Concordia y pacificación (la COCOPA), instancias a las que animaba a negociar con amabilidad con el EZLN, mientras fraguaba un aparente golpe duro decisivo de captura de su dirigencia mediante el engaño . Otra dimensión de afectación a ese movimiento chiapaneco, fue la respuesta del legislativo en 2001, cuando después de varias rondas de “diálogo” entre las partes beligerantes, celebradas entre 1994-1996, se llegó a una aparente propuesta de consenso entre legisladores y neozapatistas para llevar a Congreso una propuesta de Ley para regular de nueva forma sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del país. Esa propuesta (de Ley “COCOPA”) fue rechazada por el Congreso y por el presidente del país, llevando las cosas a un impasse, después de 2001, que se mantiene al presente, y es en cuyo marco que aparece, con toda desesperanza de avanzar con el actual régimen de gobierno, que los neozapatistas se lanzan a construir otra política, que comprende la consolidación de sus nuevas formas de territorialidad nucleadas mediante municipios autónomos coordinados por Juntas de Buen Gobierno .

La “territorialización” de las localidades y zonas bajo influencia decisiva de los neo-zapatistas fue muy vigorosamente apoyada por una gran acción de marchas, brigadas y plantones de activistas de su causa, tanto mexicanos como de otras latitudes, que viajan frecuentemente a la región, y han acompañado por varios años el proceso de consolidar nuevas formas de hacer las cosas “sin el mal gobierno”, en muchos sentidos.

Al inicio del siglo XXI:   ¿Multi-territorialidad en disputa en la región lacandona?  Un dinámico sistema regional de contradicciones…

X.  Poco a poco, de la interacción molecular y cotidiana de los núcleos de esas fuerzas sociales en resistencia autonomista con los miembros de la CZL, y con los otros núcleos con otra vertiente organizativa, que mantienen sus reivindicaciones vigentes en la región, se ha ido configurando un “nuevo espacio” de articulación difícil, de fricciones sordas que en ocasiones revientan en violencia directa, y que van marcando las transformaciones milimétricas que ocurren en la re-definición de territorios, que de algún modo redefine el sentido de los linderos agrarios y de predios particulares anteriores, pero también, ahora, cambia la adscripción o dependencia administrativa de muchas localidades a municipios con gobiernos oficiales (que no les atendían, y con cabecera muy lejana –geográfica y políticamente- de este nuevo proyecto), que ahora orientan su vínculo en nuevas direcciones. Ese proceso se expresó progresivamente en el re-nombramiento y reconfiguración de parte de esas tierras en nuevos “municipios autónomos” que respondieron progresivamente a Juntas de Buen Gobierno (JBG) en varias de esas porciones espaciales de la región lacandona.

Progresivamente, las JBG, que articulan cada una varios municipios autónomos, dan una configuración intangible pero firme, a algunas porciones de ese espacio regional, que sin embargo, no tiene aún sus nuevos mapas…, o no están impresos aún…

Por supuesto, siguen existiendo viejos enclaves de otras presencias organizativas populares, asociadas a las Uniones de Ejidos anteriores a la declaración del predio CZL, y se reorganizan en la zona nuevas fuerzas sociales, no únicamente las neozapatistas, pero sí aliadas al régimen gubernamental y a fuerzas priístas y perredistas (y en algunos casos, como el de la OPDIC, con clara identidad paramilitar), que presionan a los neozapatistas. Y siguen estando muy activas, defendiendo su predio, los miembros de la CZL…. Nadie niega por allá que el escenario es caótico.

El futuro inmediato: ¿hacia donde se mueven las fuerzas sociales en la región lacandona?

XI.  La paradoja de la reconstitución de las posesiones territoriales –o la sobre-posición de posesiones- de algunas de las porciones del espacio de la región lacandona son múltiples.  El escenario parece como de “guerra cultural por el espacio y los recursos”. Un breve atisbo al presente :

a)   La corriente gubernamental “ambientalista” subsiste en sus lineamientos; ha logrado expulsar de los polígonos de conservación a un número significativo de los ocupantes más recientes; y logra mantener su eficacia para cuidar que esos polígonos no sean re-invadidos, gracias a: 1) la estrecha colaboración que tiene con las propias fuerzas militares de movilidad especial asentadas en diversos campamentos del área y a los servicios de inteligencia satelital, que permite detectar esos movimientos rápidamente; 2) que incorpora como colaboradores directos de campo a jóvenes comuneros de la CZL, que cumplen la doble tarea de ayudar a la conservación y cuidar su predio de “invasiones”; y 3) que ofrece, sistemáticamente, mediante una coordinación con las instituciones agrarias, la oferta de reubicar a todos los pobladores que quieran participar, en nuevos programas de reubicación, en poblados construidos ad hoc, fuera de la zona protegida. No obstante esta consistente política, ni ha podido reubicar a todos los habitantes no CZL del predio, y su propia política ha sido subordinada, desde 1994, a prioridades de orden militar y más recientemente, también a nuevos esquemas oficiales de desarrollo para la región, que minimizan o contradicen parcialmente su cometido, aunque el mismo sigue siendo utilizando como parapeto para otras presiones sobre los pobladores “irregulares” y los “autonomistas”.

b)  Una corriente gubernamental dura, militarista,  e interesada en el aprovechamiento neoliberalizado de los recursos subyacentes en el área, que aceptó decretar la amnistía en 1994 para los insurrectos, estableció, al mismo tiempo, un cerco militar de posiciones móviles sobe la región, con apoyo progresivo a acciones complementarias de tipo paramilitarizantes sobre localidades identificadas dentro de la zona cercada. Esa corriente ratifica de hecho gobernar con el mantenimiento del cerco militar dinámico hasta hoy en día, ahora asociado a iniciativas que comprenden simultáneamente reactivación de la exploración petrolera, construcción de nuevas carreteras que crucen la región –y la zona autonomista- y la turistización hacia manos privadas de los bienes naturales de algunas de las comunidades indígenas. Alrededor de la región, complementariamente, impulsa la política de reubicación de refugiados internacionales, damnificados ambientales y pobladores huidos de las zonas de violencia en la propia región, en una nueva versión de aldeas estratégicas, llamadas “Ciudades rurales” , que buscarían reorganizar a esos segmentos más dispersos y desarraigados del mundo rural, concentrándolos, enlazando el nuevo asentamiento con opciones productivas bajo asalariamiento,  y cuidando esa nueva inversión con mayor cuidado institucional.

c)  Buena parte de los miembros de la CZL (unas 3000 familias hoy en día), ha mantenido su alianza con los ambientalistas del gobierno, y con la propia ala más dura del gobierno, y sus estrategias paramilitarizantes,  para presionar a los “irregulares” a salir del predio CZL y para combatir a los autonomistas; sin embargo sus propios hijos, en esas nuevas condiciones de contradicciones, abren frentes de nuevas zonas ocupadas en otros flancos del polígono de conservación, inmerso en el gran predio de la CZL.

d)  Los pobladores de algunos de los asentamientos locales, no miembros de la CZL, que mantienen la reivindicación de sus derechos de ocupación de tierras, oscilan entre reivindicar sus demandas propias, y vincularse a otras acciones irregulares en la zona, para continuar reivindicando “su tierra” y sus opciones económicas de desarrollo; que ellos perciben son monopolizadas actualmente por los miembros de la CZL.

e)  La emergente fuerza social de los neozapatistas, mantiene su demanda inicial: de argumentar la legitimidad de los derechos de todos los pobladores locales sobre la tierra, asociada ahora a la consolidación de sus Juntas de Buen Gobierno, que van creando un “entorno territorial” que van tangibilizando hasta en tanto lo pueden defender, en cada rincón de la región, frente a las otras formas de posesionamiento y control del espacio. Ellos enfrentan ahora, en triple batalla: las acciones de hostigamiento militar y paramilitar así como muy diversas presiones, aparentemente legales, para disminuir sus posesiones de tierras; las acciones de tipo comercial turístico privatizador, que se ejercen sobre las riquezas (agua, minerales, parajes de valor turístico, etc.) de los pueblos que se alían a su causa, y las acciones de tipo oficial, de construcción de infraestructura carretera echada sobre sus tierras sin consulta y las de prospección turística en la zona antes decretada “Área Natural Protegida”, pero que no les consideran como parte de los beneficiarios futuros de las mismas.

8  ¿Hay salida del laberinto?  Sugerencias

No está claro hacia donde derivará la resultante de estas fuerzas tan encontradas. El caso de la región lacandona no tiene salida fácil. Una perspectiva democrática de base, de impulso al reconocimiento de los derechos de todos los ocupantes del territorio, no parece factible por la poca sensibilidad de los gobiernos locales a esa opción. Por otro lado, la territorialización novedosa que hacen en ese espacio los neozapatistas, que recoge de alguna manera las acciones y demandas promovidas tanto por los pobladores mas veteranos, cuanto los que ahora se han acercado a la región, se contrapone con la mano dura militar del gobierno, pero subsiste y crece después de más de 14 años; y el propio gobierno (entendido como el conjunto de agentes articulados de los ordenes federal, estatal y municipal), por su parte, mantiene profundas contradicciones entre sus tres vertientes de política: la política oficial de “conservar el ambiente con la gente”, pero en las ANP de la región, expulsándola; la política de mantener el cerco militar con hostigamientos paramilitares y aparentemente legales,  pero que a cada momento muestran su inconsistencia, su extra-constitucionalidad y el daño que ocasionan a la vida democrátic; y finalmente, la política de impulso a de nuevos desarrollos turísticos y de infraestructura en el área, pero que se hacen sin mayor consulta a los habitantes locales, y se ejecutan para favorecer discrecionalmente a algunas fuerzas sociales, sesgada la atención a aquellos segmentos alineados con la tendencia oficialista.

Hecho este breve recorrido por las condiciones en que se-configura el espacio de la región lacandona, y en donde se transforman progresivamente, pero de manera muy rápida los linderos de los “territorios” consolidados hasta el fin del siglo XX, parece conveniente pensar en que sería deseable:
•    Llegar a una conciliación o re-conciliación de las partes, para curar las heridas de la violencia y de la inequidad
•    En un marco amplio, democrático, incluyente, que:
a) reconozca las demandas históricas de las comunidades asentadas,
b) elimine las presiones militares sobre la zona,
c) reconozca e incluya las nuevas construcciones sociales autonomistas en un marco amplio, de conciliación “nacional”, y
d) ponga a deliberación pública (auténtica, con todos los actores) los planes de desarrollo de nuevas obras, servicios y promociones para la región que se impulsan desde el ámbito oficial,
•    Restituyendo un marco auténtico y transparente de ejercicio de estado de derecho, que acote excesos de todo tipo de servidores públicos y de sus aliados directos.

No nos parece imposible que se pueda instalar una ecuación de ese tipo para la región; permitiría que la reorganización democrática del territorio que está ocurriendo en la zona fuera más incluyente, en vez de polarizar la situación regional; pero, sobre todo, ayudaría a que el propio gobierno nacional se reubicara en el marco que le corresponde, de rector de un estado de derecho que defendiera incluyentemente el bien común de sus ciudadanos, de todos sus ciudadanos. Sin embargo,  las partes gubernamentales no parecen inclinarse por una opción de este tipo…

La perspectiva inversa a lo sugerido es enigmática:   ¿Seguir como se ha estado hasta ahora?   Lo cierto es que en 15 años de cerco militar a la región no se ha podido disminuir el avance de las tendencias autonomistas de evolución social; y a cambio, la militarización del espacio ha favorecido el deterioro de la vida social en la región, o dicho de otro modo, el desarrollo de saldos negativos, que -paradójicamente- se abultan más en la zona simpatizante de la prospectiva gubernamental. Eso da a que pensar; sugiere que tal vez el empecinamiento oficial con que se mantiene la mano dura sobre el área, no es sólo una mala opción de política para sus intereses inmediatos, sino para la propia continuabilidad de su gestión con legitimidad suficiente para mantener una condición de gobernabilidad democrática suficiente.

Personalmente, creo que esto va continuar cambiando en la dirección indicada, a pesar de las políticas públicas en curso. Si respecto al intento propuesto para esta exposición, he podido demostrar que se está construyendo en la región una nueva territorialidad más democrática, a pesar de los pesares, espero que reflexiones como esta puedan tener alguna utilidad para favorecer nuevos cauces de diálogo, concordia, y construcción social con mejores perspectivas para avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y sustentable… también en la región lacandona.


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2 responses

26 08 2009
myriam fracchia figueiredo

excelente ponencia y realmente sugerente en cuanto a la relacion entre autonomía y territorio. felicidades.

27 09 2009
esta muy largo

muy muy pero muy largo ya no agan ifomaciones tan lagas y exageradas no mamen

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