Ciudades Rurales en Chiapas: despojo gubernamental contra el campesinado (dos partes)

13 01 2009

Mariela Zunino y Miguel Pickard

26-31/Dic/2008

publicado en ciepac.org

Primera parte

Introducción

Tras las diluvianas tormentas que cayeron en gran parte del sur-sureste de México en octubre y noviembre de 2007, el gobierno del estado de Chiapas, presidido por Juan Sabines Guerrero, impulsó el programa llamado Ciudades Rurales Sustentables. El programa dotaría de vivienda a miles de damnificados que habían perdido a sus seres queridos, casas, tierras, animales y efectos personales. Sin embargo, el objetivo real del Programa Ciudades Rurales es “ordenar” el uso de los recursos del campo, lo cual implica la separación del campesinado de la tierra que actualmente habita. El Programa producirá la concentración de personas del campo en pequeñas aldeas, la enajenación de sus tierras y la explotación de éstas por grandes empresas.

Los orígenes del Programa de Ciudades Rurales

A fines de junio de 2008, los mandatarios de México, Centroamérica y Colombia decidieron relanzar el Plan Puebla Panamá (PPP) rebautizándolo el “Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica”, o Proyecto Mesoamérica. Con esta nueva denominación se busca remozar el PPP, aunque su lógica siga siendo la misma: integrar y amoldar todo el territorio desde el sur de México hasta Colombia para que sirva al gran capital. De los más de 100 proyectos económicos que existían cuando arrancó el PPP en 2001, se acordó dejar sólo una veintena centrados en energía, electricidad, salud, educación, telecomunicaciones, agro-combustibles, carreteras y vivienda.(1)

Nos encontramos entonces frente a un “PPP concentrado”. En el documento base del PPP, capitulo México(2), se destaca que uno de los objetivos es generar un manejo sustentable de los recursos, de allí la necesidad de impulsar programas de ordenamiento territorial debido a la alta dispersión poblacional que afecta a las regiones sur-sureste. Asimismo, en noviembre de 2008, el Banco Mundial publicó el informe sobre Desarrollo Mundial 2009, llamado “Una nueva geografía económica”, el cual plantea que la integración económica es la vía fundamental para llevar el desarrollo a todos los rincones del mundo. La integración económica, señala el informe, significa, entre otras cosas, tener una mejor conexión o acercamiento entre las zonas rurales y las urbanas. Como lo señala el Banco Mundial: “El desafío normativo es conseguir una densidad adecuada, encauzando las fuerzas de mercado con el fin de alentar la concentración y promover la convergencia en los niveles de vida entre aldeas y ciudades y grandes urbes”(3).

En este contexto se inserta el programa de Ciudades Rurales que el gobierno de Juan Sabines pretende realizar en Chiapas y con los mismo elementos regidores: ordenamiento de los espacios rurales, concentración para combatir la dispersión e inserción de la producción del campo según las reglas del mercado. Queda así en evidencia la lógica mayormente económica del proyecto de Ciudades Rurales y no la social como suelen señalar sus defensores.

Evidentemente, la idea original de la construcción de Ciudades Rurales no proviene del gobernador de Chiapas sino que surge primero en las instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo)(4). Las Ciudades Rurales de Chiapas forman parte entonces del entramado neoliberal de planes, proyectos y negocios que están avanzando sobre México(5).

En la reunión donde se lanzó el Proyecto Mesoamérica en junio de 2008, el presidente Felipe Calderón declaró que “no sólo hemos decidido acelerar el paso sino avanzar hacia un proyecto integral de desarrollo e integración para la región y abrir la puerta a proyectos de desarrollo social como en vivienda y salud, planeados y aprobados”(6). Al mismo tiempo, Calderón anunció un extenso programa de viviendas que incluye la financiación de créditos hipotecarios para 50 mil viviendas, con lo cual se buscaría extender el modelo mexicano de construcción de vivienda a lo largo de Centroamérica. En este sentido, el presidente del Consejo Consultivo de Ciudades Rurales, Esteban Moctezuma Barragán, también presidente de Fundación Azteca, declaró que “habrá Ciudades Rurales no sólo en Chiapas ni sólo en México, se multiplicarán por Latinoamérica y el orbe y serán herencia del presidente Calderón y del gobernador Sabines, porque resuelven muchos problemas a la vez, porque parten de una solución de fondo”(7).

Los antecedentes históricos de las Ciudades Rurales

El “recluir” a un sector de la población dentro de ciudades construidas para aislarlo de su entorno habitual no es una estrategia nueva. Las Ciudades Rurales en Chiapas son una variante del control poblacional que se ha utilizado en guerras de otro tipo. En las guerras “calientes”, muchas de ellas guerras de invasión realizadas por países del Norte contra sus pretendidas colonias del Sur, el recluir forzosamente a la población campesina es parte de una estrategia mucho más amplia de contrainsurgencia y pacificación. Varios ejemplos se pueden mencionar: los británicos en sus guerras en Malaya y en Kenia a principios de los años 50, los franceses en Argelia durante los 50 y 60, los estadounidenses en Vietnam en los 60 y 70 y, con algunas variantes, en Irak durante la actual década, mediante el aislamiento y el acceso controlado de algunos barrios en la capital Bagdad. Otro ejemplo más cercano son las aldeas modelo (luego llamadas “polos de desarrollo”) que creó el ejército guatemalteco durante los años 80 y 90 para aislar a la población civil y campesina de los insurgentes de la URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca).

En las guerras, aislar a la población de su entorno es equivalente a “quitarle el agua al pez”, pues los peces en esta concepción son los guerrilleros o insurgentes que “nadan” sin fácil detección en un “mar” de población que los cobija y apoya. Al recluir forzosamente a la población civil en aldeas bajo el control del ejército regular, los movimientos de los insurgentes son más fáciles de detectar. Además, a los insurgentes se les dificulta el acceso a sus bases de apoyo para fines de reclutamiento, avituallamiento o difusión de propaganda a favor de su causa.

Los sitios en donde se obliga a la población civil a reubicarse y a concentrarse se conocen por distintos nombres: campos de concentración, campos de reagrupamiento, campos de internamiento, reservas nativas, aldeas modelo, aldeas nuevas, aldeas estratégicas, polos de desarrollo, agrovillas y, ahora, la contradictoria denominación de Ciudades Rurales.

Algunos aspectos de estos centros de reagrupamiento se repiten en casi todas sus modalidades. Aparte del objetivo general de mantener a la población aislada de la insurgencia en las guerras calientes y de los recursos naturales en la actual ofensiva de despojo del gobierno chiapaneco, en general se ha buscado que los habitantes del campo transformen su manera tradicional de vivir y se “modernicen”. Se trata de desintegrar las formas de intercambio y de vida tradicionales, campesinas y comunitarias, y obligar a la población a entrar al modo de producción capitalista de pequeña propiedad orientada al mercado externo. Otro objetivo es el adoctrinamiento de la población mediante el control de contenidos en la escuela, en las iglesias y en los medios de comunicación. En Guatemala, por ejemplo, en las “aldeas modelo” que se establecieron en los 80:

Se buscó el adoctrinamiento ideológico y la imposición de valores ajenos a las comunidades. Se pretendió la adhesión a la simbología nacional guatemalteca, a la bandera y al himno y a los valores del individualismo y el éxito, conceptos extraños a la cultura tradicional maya. La vida cotidiana estaba absolutamente normatizada, imponiendo la ruptura constante con los valores tradicionales indígenas. El idioma que se estableció para todo el programa fue el español, la educación se impartía en esta lengua de los ladinos y de los sectores de poder en Guatemala.(8)

Una década antes en Vietnam, los estrategas militares de Estados Unidos afirmaban:

El Programa de Aldeas Estratégicas era mucho más amplio que la construcción de aldeas estratégicas en sí. Contemplaba fases secuenciales que, empezando con el despeje de insurgentes de un área y la protección de la población rural, progresaban hacia la creación de infraestructural [gubernamental] y de ahí a la dotación de servicios que llevarían a los campesinos a identificarse con su gobierno. El programa de aldeas estratégicas era, en resumen, el intento de traducir la recientemente elaborada teoría de contrainsurgencia en una realidad operacional. El objetivo era político, si bien los medios para su realización eran una mezcla de medidas militares, sociales, psicológicas, económicas y políticas.(9)

Las Ciudades Rurales como un aspecto de la contrainsurgencia

En todo lugar donde existan pueblos y comunidades indígenas, mujeres y hombres que luchen por sus derechos, que se hallen en dinámicas de búsqueda de la dignidad y la libertad que les han robado, existe a la vez una guerra silenciosa que busca desaparecerlos, y que se manifiesta a través de las distintas formas que toma la contrainsurgencia. En Chiapas, el gobierno de Sabines se especializa en prácticas de contrainsurgencia. Programas gubernamentales que en lo discursivo se alzan con el objetivo de la lucha contra la pobreza y en pos del desarrollo de los pueblos obedecen más bien a mecanismos de desintegración comunitaria y rompimiento de los lazos del modo de vida campesino-indígena, para contar con un control total de los territorios y los recursos naturales.

El plan de contrainsurgencia de Juan Sabines se encuentra disfrazado bajo el “;Plan de Desarrollo Chiapas Solidario” que lejos de estar “basado en el valor de la solidaridad, con respeto a los recursos naturales de las próximas generaciones”(10), lo que busca en realidad es convertir al estado en un “paraíso” para las inversiones, a través de una integración económica neoliberal que presione al estado a imbuirse más aun en los flujos de la globalización. Programas como Amanecer, Banchiapas, el proyecto de Bioenergéticos, el Convenio de Confianza Agropecuaria (CODECOA), y Ciudades Rurales, forman parte de este “Chiapas Solidario” que obedece a fines de contrainsurgencia. Bajo la misma lógica se inscriben procesos como el de reordenamiento territorial, la privatización de las tierras, la militarización de las comunidades, los megaproyectos de infraestructura y los centros de desarrollo turísticos.

Concentrar a la población en las Ciudades Rurales implica un control social que se convierte en factor fundamental para la aplicación de los designios del capital y el avance de los planes de gobierno. Básicamente, el control de la población busca fragmentar y disipar cualquier intento de construcción de un modelo que difiera o se aleje del patrón estatal. Tiene como fin la desmovilización de los pueblos, mediante el desmembramiento de sus culturas y modo de vida campesino, provocados por el alejamiento de sus tierras, y la subordinación al modelo estatal y empresarial instaurado en los nuevos centros habitacionales. Miguel Ángel García de la asociación civil chiapaneca Maderas del Pueblo del Sureste destaca la coincidencia de intereses, principalmente los de cementeras y constructoras, pero “además se encuentra el interés político de control social, el de concentrar a los pueblos para tenerlos bajo control, y poder contar con mano de obra de reserva, asalariada o semi-asalariada”(11).

Las Ciudades Rurales y la doctrina del shock

Las primeras Ciudades Rurales que construirá el gobierno estatal de Chiapas se localizan en la zonas Centro y Norte del estado. No es casual su ubicación. Las torrenciales lluvias de octubre y noviembre de 2007 cayeron con especial intensidad en esas zonas de Chiapas, quedando afectadas cerca de 1,200 familias en 34 municipios. Además quedó sepultado el pueblo de Juan de Grijalva por el desgajamiento de un cerro en el municipio de Ostuacán de la zona Norte. Las familias damnificadas fueron trasladas a albergues temporales o alojadas con familiares. A partir de enero de 2008, más de 600 familias de 33 comunidades de los municipios oficiales Jitotol, Tecpatán, Pantepec, Coapilla, Copainalá e Ixhuatán fueron reubicadas en los mal llamados “campamentos solidarios”.

Meses antes del desastre el gobierno de Sabines había anunciado el Programa de Ciudades Rurales, pero las lluvias ofrecieron el momento idóneo para su arranque. Así, el gobierno de Sabines anunció haber descubierto la razón de tanta pobreza en el estado y particularmente en el campo chiapaneco: “concluimos que la dispersión es origen y causa fundamental de la pobreza extrema.”, diría el gobernador en su Segundo Informe de Actividades(12).

Según los cálculos oficiales, en el estado de Chiapas existen 19,386 localidades. De ellas, en 14,346 (74%) viven menos de 100 habitantes, lo cual “dificulta la provisión de servicios e infraestructura para el desarrollo, en detrimento de la calidad de vida de la población” según el gobierno del estado. Resuelto a enfrentar “el binomio dispersión-pobreza”, el gobierno de Sabines lanzó el ambicioso programa Ciudades Rurales para concentrar a la gente “dispersa”(13).

En este marco, el mayor problema para el gobierno se vuelve uno de relaciones públicas: ¿cómo convencer a la gente del campo no sólo que se reubique y concentre sino que rompa con un estilo de vida milenario y, además, acceda a perder su mayor patrimonio, la tierra que habita? El dilema era mayúsculo pero en la lógica de que las crisis ofrecen oportunidades, las lluvias y los aludes brindaron una solución para el gobierno. Las primeras Ciudades Rurales se construirían en la zona del desastre para brindar viviendas a los damnificados. En total se construirían ocho Ciudades Rurales en 2008 de un total de 25 ciudades a edificarse durante el mandato del gobernador Juan Sabines que termina en diciembre de 2012(14).

El proceder del gobierno de Chiapas en torno a las Ciudades Rurales es un ejemplo de la llamada doctrina del shock, de la que ha escrito con detalle la investigadora y activista canadiense Naomi Klein. Su reciente libro llamado La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre describe con detallados ejemplos las ocasiones en que las autoridades gubernamentales de distintos países, con una agenda de despojo a los pueblos, aprovechan los desastres de todo tipo para impulsar medidas que en otros momentos encontrarían un violento rechazo. Los desastres pueden ser naturales (terremotos, huracanes) o causados por los seres humanos (guerras, golpes de Estado), o una combinación de ambos factores, como fueron precisamente las caudalosas lluvias de 2007, pues se tradujeron en desbordamiento de ríos y deslaves en Chiapas por la tala excesiva de árboles y en inundaciones históricas en Tabasco por el mal manejo del desfogue de varias presas hidroeléctricas.

Klein aclara:

Así funciona la doctrina del shock: el desastre original – el golpe de Estado, el ataque terrorista, el derrumbe financiero, la guerra, el tsunami, el huracán – pone a la población entera en un estado de shock colectivo. Las bombas que caen, el estallido de terror, los vientos huracanados terminan ablandando a sociedades enteras, de manera similar a la música estridente y los golpes en las celdas de tortura que ablandan a los prisioneros. Igual que el prisionero aterrorizado que delata los nombres de sus compañeros y renuncia a su convicción, las sociedades aturdidas a menudo se dejan despojar de cosas que en otros momentos defenderían con fiereza(15).

La construcción de vivienda para los damnificados por las lluvias en Chiapas posiblemente no ameritaría mayor atención en otras circunstancias. La clave de la diferencia en esta ocasión está en los objetivos que el gobierno estatal persigue con las Ciudades Rurales, como parte de una política de Estado, coordinada entre los distintos niveles de gobierno, las fuerzas de seguridad, el sector privado y otros organismos, para concentrar a la población rural y, en su debido tiempo, separarla de su posesión y control de la tierra que actualmente habita.

El doble propósito de concentrar y despojar encontraría un amplio rechazo entre la población si no estuviera de por medio el desastre. Sin hogar, aturdida por la pérdida de familiares, vivienda y objetos personales, obligada por las circunstancias a reubicarse en lugares lejanos del terruño, la población damnificada, que pasó por lo que Klein llama un trauma colectivo, es el objeto perfecto para que el gobierno ejerza una política de coerción con menor posibilidad de resistencia. Roberto Sánchez, representante del Ejido Juan de Grijalva comentó poco después de la tragedia, “La gente está asustada y no quiere regresar adonde llegó la muerte y la destrucción”(16). En estas circunstancias, la reubicación de miles de familias a las Ciudades Rurales, promocionadas con promesas de disponer de todos los servicios – vivienda, escuelas, clínicas, centros recreativos, hasta internet – se facilita enormemente.

Desde luego, no todas las 25 Ciudades Rurales en Chiapas que el gobierno de Sabines pretende construir serán erigidas tras algún desastre. Sin embargo, las primeras sí tienen esa característica y fueron seleccionadas con el afán de que fueran aceptadas por la población y construidas con la menor resistencia posible. De ahí en adelante su función principal es la del “efecto demostrativo”, un ejemplo a seguir para las poblaciones que el gobierno pretende que habiten las demás Ciudades Rurales. [Continuará]

Notas

1. “Relanzan Plan Puebla Panamá como Proyecto Mesoamérica”, La Jornada, 28 de junio de 2008
2. “;Plan Puebla-Panamá Documento Base, Capítulo México Informe Ejecutivo”, Lic. Francisco Abarca Escamilla.
3. Banco Mundial, Revista Intercambios, año 8 número 92, noviembre 2008.
4. Japhy Wilson, “La nueva fase del Plan Puebla-Panamá en Chiapas”, Boletines Chiapas al Día, CIEPAC http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=560.
5. Entre ello están la ASPAN y la Iniciativa Mérida. La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) significa la militarización y pérdida de soberanía de todo el territorio mexicano, o como señala Carlos Fazio, con la ASPAN se está blindando el TLCAN, la ASPAN “es el TLC militarizado”. A su vez, la Iniciativa Mérida se convierte en promotor y gendarme de la militarización y el control y saqueo de los recursos naturales que proyectos como el PPP pretenden para México y Centroamérica.
6. “Presidentes y Jefes de Estado lanzan Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica”, Newsletter del Proyecto Mesoamérica, número 1, noviembre de 2008, http://www.Proyectomesoamerica.org
7. “Ciudades Rurales para vivir mejor: Felipe Calderón”, El Heraldo de Chiapas, 8 de abril de 2008.
8. Luis Menéndez, “Guatemala: la persistencia del terror”, Herramienta, http://www.herramienta.com.ar/print.php?sid=283.
9. Pentágono, The Pentagon Papers, Vol. 2, Capítulo 2, “El programa de aldeas estratégicas, 1961 – 1963”, Beacon Press, 1971.[Itálicas puestas por CIEPAC]
10. “;Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007012”, en http://academia.unach.mx/planeacion.
11. Entrevista a Miguel Angel García de Maderas del Pueblo del Sureste AC, 30 de junio de 2008.
12. http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20081202050200
13. “Programa: Ciudades Rurales de Chiapas”, Gobierno del Estado y Fundación Azteca, disponible en http://ia311226.us.archive.org/0/items/CiudadesRurales/CiudadesRurales.pdf
14. Cabe mencionar que desde la tragedia de octubre de 2007, las familias sobrevivientes viven hacinadas en campamentos provisionales construidos por el gobierno del Estado. En el Predio General Emiliano Zapata (llamada Santa Ana por las autoridades estatales), municipio de Tecpatán, los desplazados viven en pequeñas chozas de 3.5 x 5.0 metros, construidas casi pegadas una con otra en las que viven de cinco a ocho personas. (véase Carlos Herrera, “Presentan Casa Modelo”, Cuarto Poder, 22/12/08,
http://noticias.cuarto-poder.com.mx/4p_apps/periodico/pag.php?NTExMDc%3D).
15. Naomi Klein, The Shock Doctrine: the Rise of Disaster Capitalism, Metropolitan Books, Nueva York, 2007, p.17.
16. Elio Henríquez, “Pobladores de San Juan Grijalva aceptan ser reubicados”, La Jornada, http://www.jornada.unam.mx/2007/11/13/index.php?section=sociedad&article=040n2soc.

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Segunda parte

Resumen

Tras las diluvianas tormentas que cayeron en gran parte del sur-sureste de México en octubre y noviembre de 2007, el gobierno del estado de Chiapas, presidido por Juan Sabines Guerrero, impulsó el programa llamado Ciudades Rurales Sustentables. El programa dotaría de vivienda a miles de damnificados que habían perdido a sus seres queridos, casas, tierras, animales y efectos personales. Sin embargo, el objetivo real del Programa Ciudades Rurales es “ordenar” el uso de los recursos del campo, lo cual implica la separación del campesinado de la tierra que actualmente habita. El Programa producirá la concentración de personas del campo en pequeñas aldeas, la enajenación de sus tierras y la explotación de éstas por grandes empresas.

Reconversión Productiva

La construcción de Ciudades Rurales pretende imponer un ordenamiento territorial que, por un lado, libere extensas áreas de tierra para su aprovechamiento por parte de empresas de todo tipo, y por el otro, concentre a la población en centros poblacionales, donde los habitantes ya no se dediquen más a sus actividades campesinas tradicionales sino que se conviertan en mano de obra para dichas empresas. En uno de los documentos oficiales de Ciudades Rurales, se destaca, como uno de los componentes del proyecto, la “Reconversión productiva”, que incluiría elementos como agricultura intensiva,(1) proyectos turísticos (ecoturismo, turismo rural), agroindustrias, minería, oportunidades a la inversión privada, cadenas productivas, microempresas, reglamentación del comercio, microfinanzas, entre otros.

En este sentido, el gobierno de Chiapas ha anunciado que este es “el sexenio del campo”, dando a conocer, a fines de 2007, el Programa Estatal de Desarrollo Rural Sustentable 2007 – 2012. Con el programa “Maíz Solidario”, además de aumentar la productividad del maíz bajo los mandatos de la “revolución verde”, que tanto daño ha causado en el mundo rural, se busca también promover la reconversión productiva hacia plantaciones forestales, frutales y bioenergéticos.

Los planes a mediano plazo para la reconversión productiva ya están trazados a pesar de que no está construida todavía la primera Ciudad Rural. Según el gobierno de Chiapas:

La Secretaría del Campo, a través del IFAT (Instituto de Fomento para la Agricultura Tropical), pretende reconvertir para este 2008 en 4 Ciudades Rurales localizadas en Ostuacán, Tecpatán, Ixhuatán y Berriozábal 5 mil 180 hectáreas con cultivos como: rambután, mango Stan, pimienta, lichi, chicozapote, aguacate y limón persa. Así también se pretende instalar dos viveros en las Ciudades Rurales de Ostuacán y Tecpatán, que albergarán 3 millones 350 mil plantas de palma, hule, cacao [y] pejibay.(2)

El proceso de reordenamiento territorial subyacente al proyecto de Ciudades Rurales presupone la conservación y liberación de áreas naturales, bajo control del ejército federal, puesto que allí se colocan los intereses de varias transnacionales, debido a la importancia de los bancos genéticos, las patentes farmacéuticas, el embotellamiento del agua dulce, y la captura de bonos de carbono. Entonces, por un lado, se busca conservar las áreas ecológicas -las que quedan- pero sin la presencia de los pueblos, quienes van a parar al modelo de Ciudades Rurales. Por otro lado, aquellas zonas intermedias de selva ya destruidas serán reconvertidas en plantaciones forestales comerciales o en productos de agro-exportación.(3) De esta forma, toda la gente desplazada es concentrada en estas Ciudades Rurales, convirtiéndose en “ejercito industrial de reserva” para el trabajo en las plantaciones de exportación, en las minas, en las maquiladoras o en áreas de servicio, como chóferes o meseras en centros turísticos.

Es previsible que el modelo de Ciudades Rurales sea impulsado próximamente en áreas sujetas a la explotación por parte de empresas mineras. Existen actualmente 55 concesiones otorgadas por el gobierno federal para la exploración minera en Chiapas, las cuales abarcan casi 225,000 hectáreas en 19 municipios de Chiapas. Se prevé que en 2009 las exploraciones se conviertan en explotación de oro, plata, cobre, barita, hierro, zinc, plomo, titanio, antimonio y otros minerales. Para mucho minerales, la forma de explotación más rentable para las empresas es la mina a cielo abierto que requiere de grandes extensiones de tierra y abundantes reservas de agua. Así, desde la óptica del gobierno y de las empresas, las Ciudades Rurales pueden “solucionar” el qué hacer con miles de familias que serían desplazadas de sus tierras forzosamente para dar lugar a la extracción mineral y/o a las represas que tendrían que construirse para satisfacer las necesidades de las mineras.

Coincidencia o no, el gobierno de Chiapas plantea construir cuatro de las primeras ocho Ciudades Rurales en zonas que actualmente tienen grandes extensiones de tierra concesionadas a mineras. Tres de las Ciudades Rurales serán construidas en el municipio de Tecpatán, donde la empresa canadiense Linear Gold detenta concesiones sobre más de 80 mil hectáreas; y otra Ciudad Rural será construida en el municipio de Angel Albino Corzo, donde la minera Radius Gold, también canadiense, tiene concesiones sobre casi 55 mil hectáreas.

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Podemos trazar cierto paralelismo histórico con lo que en el siglo XVIII se conoció como los “peones acasillados”. Jan de Vos relata como se formó el latifundio en Chiapas “por medio del acaparamiento de tierras que antes habían pertenecido a las comunidades indias y que, en consecuencia, estaban habitadas”. El autor señala que “los indios, repentinamente, fueron despojados de la propiedad de su ranchito y milpa, no teniendo más remedio que convertirse en siervos de su nuevo amo”. De este modo, las familias fueron aglutinadas en las grandes fincas, dedicadas al café, el tabaco y el ganado en su mayoría, donde trabajaban largas jornadas para el patrón, con sueldos mínimos o hasta a veces por nada, a cambio de que éste les diera un lugar de residencia. A cambio de ese “favor”, familias enteras perdieron su libertad, abandonando sus tierras para convertirse en trabajadores serviles de sus “amos”.(4)

Ubicación y Avances

Las primeras ocho Ciudades Rurales que se proyecta construir durante el gobierno de Sabines, se encuentran en los municipios de Ostuacán, Tecpatán, Angel Albino Corzo, Ixhuatán, Berriozábal y Copainalá. En total, se trata de 322 localidades las que serían reubicadas, con un total de 31,050 habitantes, de los cuales se especifica que 27,554 serían reubicados (concentrados) por causa de la dispersión poblacional, mientras que en los restantes 3,496 se trataría de damnificados por desastres naturales.

En abril de 2008, Felipe Calderón, acompañado por Juan Sabines, supervisó la primera casa construida en lo que será la primera Ciudad Rural: Nuevo Juan de Grijalva en el municipio de Ostuacán. Este municipio cuenta con 97 localidades, de las cuales se planea reubicar 33, siendo que la mayor parte de la población es la afectada por las inundaciones causadas por el desplome de un cerro a orillas del río Grijalva en noviembre de 2007. Para tal efecto, el gobierno adquirió 80 hectáreas del predio que se conoce como “el Cinco”.

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Siete meses después, a finales de noviembre de 2008, el gobernador Juan Sabines entregó 408 lotes de 300 metros cuadrados cada uno a familias de unas once comunidades que pasarán a habitar la ciudad de Nuevo Juan de Grijalva. Asimismo, se hizo entrega de las primeras casas ya terminadas a algunas familias.

En el mismo evento, Sabines estuvo acompañado por Esteban Moctezuma Barragán, presidente de Fundación Azteca y del Consejo Consultivo Ciudadano de Ciudades Rurales, y juntos colocaron la primera piedra de lo que va a ser la “torre Azteca”, “un edificio que contará con la más alta tecnología digital, que permitirá -vía satélite- proveer de acceso a Internet…a los pobladores de Nuevo Juan de Grijalva”.(5) Además de Fundación Azteca, empresas como Farmacias del Ahorro, Grupo Maseca y Banorte recibieron elogios y agradecimientos por su participación en el proyecto. Así vemos como los intereses privados son un componente fundamental de Ciudades Rurales, lo cual invita a repensar quienes son los verdaderos beneficiaros del proyecto.

La participación de empresas y fundaciones en las Ciudades Rurales

Desde luego existe un número significativo de organismos varios que participan en distintos aspectos de la puesta en marcha de las Ciudades Rurales. El gobierno estatal de Chiapas ha establecido una estrategia de coordinación mediante alianzas con lo que llama la “sociedad civil organizada”, en donde caben empresas, fundaciones – muchas de ellas de grandes empresas o de algún signo religioso – y “otros actores económicos”. En esta constelación de entidades, que para el gobierno de Chiapas es la “sociedad civil organizada”, no caben desde luego más intereses que los de las élites del poder económico y político.

Las empresas y fundaciones tienen varios motivos para participar en el proyecto de las Ciudades Rurales en Chiapas. Uno es hacer presencia en lugares donde existe un flujo de abundantes recursos — la pretensión del gobierno federal y estatal es erogar enormes sumas de dinero para este proyecto (casi mil millones de pesos (US$77 millones) para cada Ciudad Rural).

Otro motivo puede ser meramente comercial. A menudo una fundación establecida por una empresa hace una labor de “avanzada”, allanando el camino para la mayor inserción de la empresa en un mercado en particular, mediante acciones filantrópicas que generan una opinión pública favorable. Estas actividades supuestamente caritativas que realizan las fundaciones empresariales tienen un nombre especial: la mercadotecnia social.

Las fundaciones que participan en el programa de Ciudades Rurales realizan acciones de mercadotecnia social. Mediante un donativo relativamente modesto (la construcción de canchas deportivas en cada ciudad rural en el caso de la empresa Farmacias del Ahorro, por ejemplo), se establecen relaciones de confianza con distintos sectores del gobierno que pueden ser aprovechadas posteriormente para tener el acceso privilegiado de sucursales de la empresa, u otros favores que repercutan favorablemente en sus ganancias.

La participación de fundaciones y empresas en las Ciudades Rurales asegura que desde un principio éstas nacerán privatizadas. El ejemplo de la primera Ciudad Rural, todavía en construcción, es claro. La clínica de salud en Nuevo Juan de Grijalva fue construida y equipada a un costo de más de 16.5 millones de pesos; la obra fue financiada en un 68% por fondos del pueblo mexicano a través de sus donativos a la campaña Teletón; en un 12% por el Instituto Carso de la Salud; y un aporte de 20% no diferenciado entre la Fundación Río Arronte y el gobierno del estado de Chiapas. Sin embargo, la clínica será administrada “sin ningún costo para el gobierno del estado” por la Fundación Carso, presidida por el empresario Carlos Slim.(6) Se desconoce actualmente cuál será la política de cobros de esta clínica privada, considerando especialmente el mediano y largo plazo, pero lo que es indudable es que se trata de una subrepticia privatización de la salud, habiéndose desplazado en los hechos a las instituciones de salud públicas.

Las fundaciones también son depositarias de una confluencia de intereses de distinto signo con una característica en común: son intereses de los “de arriba”, pero presentados con un cariz verde-ecológico, humanitario, altruista, etc. Las fundaciones creadas por las empresas promueven los intereses de las mismas empresas, de los directivos de las mismas, o de políticos variopintos (ejemplificado por la Fundación Vamos México de Martha Sahagún). La página en internet de Fundación Unidos por Ellos, que participa en las Ciudades Rurales chiapanecas con “cien acciones de vivienda”, enumera 93 grandes empresas, fundaciones, asociaciones religiosas y universidades, entre otros organismos, afiliados a esta fundación. Otras fundaciones, por ejemplo la Fundación Adobe — brazo filantrópico de la empresa cibernética Adobe y que apoyará la construcción de viviendas en las Ciudades Rurales — tiene vínculos con el gobierno de Estados Unidos y se presta para promover los intereses de éste en distintas partes del mundo.

A continuación una lista parcial de algunas de las empresas, fundaciones y centros educativos que participan en el establecimiento de las Ciudades Rurales en Chiapas mediante diversas actividades:

* Fundación Telmex, instalación de Centros Comunitarios de Aprendizaje, más la conectividad de telefonía e internet y otros “apoyos a la educación”
* Fundación Azteca, instalación de sucursales de Banco Azteca, promoción de la pequeña y mediana empresa, entre otros apoyos
* Fundación Banamex, viviendas y plataforma tecnológica
* Clinton Global Iniciative, una división de la Fundación William Clinton, apoyos sin especificar, pero posiblemente relacionados con la producción de energías renovables mediante la siembra de cultivos como la jatrofa u otros agrocombustibles
* Fundación Unidos por Ellos, cien acciones de vivienda
* Fundación BBVA Bancomer, tres escuelas en Nuevo Juan de Grijalva
* Fundación Teletón, construcción de una clínica médica
* Farmacias del Ahorro, construcción de canchas deportivas
* Fundación Michou y Mau, instalación de plantas tratadoras de agua potable
* Fundación Río Arronte, equipamiento de una clínica
* Fundación Kaluz, por medio de los trabajadores de una de sus empresas, Mexalit, una aportación en efectivo
* Instituto Carso de la Salud, una división de la Fundación Carlos Slim, equipamiento de clínicas
* Universidad Autónoma de Chiapas, elaboración del Plan Maestro de las Ciudades Rurales
* Instituto Politécnico Nacional, capacitación en el uso de la infraestructura y “nueva tecnología” en las ciudades rurales
* Academia Mexicana de Arquitectura, asesoría en el proyecto de desarrollo urbano
* Fundación Adobe, diseño del sistema constructivo de viviendas

De repente, un vacío informativo

A finales de septiembre de 2008 el gobernador Sabines viajó al Distrito Federal a fin de cabildear fondos para el proyecto de Ciudades Rurales Sustentables ante los legisladores federales que en ese momento elaboraban el presupuesto de la Federación para 2009. En el Palacio Legislativo, Sabines declaró que se invertirían 3 mil 500 millones de pesos en las Ciudades Rurales, de los cuales “una parte” sería aportada por el gobierno estatal.(7) Menos de dos meses después, con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado para 2009, Chiapas había logrado un “presupuesto de inversión histórico” de 6.3 mil millones de pesos para programas y proyectos, un monto 32.1% superior al año anterior. Sin embargo, el proyecto de Ciudades Rurales, el predilecto de Sabines, brilló por su ausencia en el PEF y, extrañamente, a partir de la aprobación del Presupuesto para 2009 los comunicados de prensa del gobierno estatal omiten toda referencia a fondos para el proyecto.

En medio de loas por “las intensas gestiones del gobernador”, ante el Congreso y por los importantes logros “para obras estratégicas y prioritarias para Chiapas”, las referencias al futuro de Ciudades Rurales desaparecen de todo comunicado público del gobierno estatal.(8) El segundo informe de actividades de Sabines, rendido el 2 de diciembre de 2008 semanas después de la aprobación del PEF – 2009, se queda trunco con referencias a los magros logros del Programa Ciudades Rurales en 2008 — avances parciales en una Ciudad Rural frente a la expectativa de tener avances en ocho — y evita hacer mención alguna respecto a 2009. Inclusive el diputado federal por Chiapas, Martín Ramos Castellanos del PRD, que presentó la solicitud a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para “incluir el programa Ciudades Rurales Sustentables en el PEF de 2009 y siguientes, con un requerimiento inicial de 3 mil 500 millones de pesos”, ha hecho mutis a partir de la aprobación del Presupuesto Federal para 2009. El diputado Ramos (integrante de la fracción de “los chuchos” del PRD), es presidente de la Comisión del Sur-Sureste en el Congreso, cuya función, entre otras, es conseguir financiamiento público para megaobras aprobadas en el marco del Plan Puebla Panamá (hoy Proyecto Mesoamérica).

El origen del financiamiento para el Programa de Ciudades Rurales Sustentables durante 2009 no se ha transparentado. Ciertamente dinero para estos proyectos existe en México, no obstante la crisis. A pesar de que el precio del petróleo en el último mes de 2008 se ha desplomado en 66% (con respecto a su cotización más alta de apenas hace unos meses), existe un excedente en las arcas de Hacienda de $147 mil 828 millones de pesos por la exportación de petróleo durante 2008.

Asimismo, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han prestado dinero a México a raudales, a tal grado que el país se ha convertido en uno de sus principales “socios” de estas instituciones a nivel mundial. En 2008, el BID prestó a México 6 mil millones de dólares y además anunció que otorgará al país otros 5 mil millones de dólares en 2009 y 2010. “Va a ser el programa más grande del BID en la región [latinoamericana]”, junto con Brasil, comentó el representante del BID en México. Por su parte, el BM ha otorgado 2 mil 400 millones de dólares en 2008 “de los más altos en la historia de las relaciones con México” y prestará otros 3 mil millones de dólares en 2009. El director del BM para México comentó “ciertamente México va a tener uno de los programas más fuertes en el Banco Mundial, va a ser el primer programa en América Latina y tal vez en el mundo.”(9)

Gran parte de los préstamos mencionados del BM y del BID son para un organismo del gobierno mexicano, la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). La SHF a su vez prestará estos fondos (ahora deuda pública adquirida por el gobierno mexicano) a instituciones de crédito privadas y éstas harán su agosto financiando hipotecas de viviendas “para los grupos de bajos ingresos”. En otras palabras se extiende y se profundiza la privatización de otra función pública, la construcción de vivienda de interés social, parte de la cual podría ir a parar en las Ciudades Rurales en Chiapas.

El proyecto de Ciudades Rurales ciertamente no ha muerto, aunque pareciera que “anda volando bajo”, como ocurrió con el PPP años atrás cuando el gobierno decidió bajarle el perfil público. Sin duda el tema dará mucho de que hablar todavía en 2009.

NOTAS

1. Secretaría de Desarrollo Social, “Componentes Económico y Productivo de Ciudades Rurales Sustentables”, en
http://www.sds.chiapas.gob.mx.
2. Coordinación de Comunicación Social (COCOSO), Boletín 3054, 25 de agosto de 2008, enviado por la Secretaría del Campo y distribuido por COCOSO,
http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20080825071537.
3. Entrevista a Miguel Ángel García de Maderas del Pueblo del Sureste AC, 30 de junio de 2008.
4. Jan de Vos, “Historia de los pueblos indígenas de México. Vivir en la frontera: la experiencia de los indios de Chiapas”, CIESAS, México, 1994, pagina 169.
5. COCOSO, “Se entregaron 408 lotes a familias de 11 comunidades que abandonan la dispersión y pusieron la primera piedra de la Torre Azteca”, Comunicado de Prensa 24 de noviembre de 2008, No. 4157/Año 2.
6. COCOSO, Comunicado 4265, 3 de diciembre de 2008,
http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20081203114732.
7. Formalmente, el diputado federal por Chiapas, Martín Ramos Castellanos (PRD), presentó el Punto de Acuerdo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para incluir el programa Ciudades Rurales en el PEF de 2009. También solicitó a la misma Comisión fondos para los “proyectos estratégicos” Aeropuerto de Palenque (280 millones de pesos) y la autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque (500 millones de pesos) “a fin de detonar la actividad turística en el estado”.
sitl.diputados.gob.mx/proposiciones_por_pernp.php?iddipt=34&pert=9.
8. Véase, por ejemplo, “Se incrementa en un 23% el presupuesto para programas y proyectos en Chiapas” de la Secretaría de Infraestructura de Chiapas:
http://www.infraestructura.chiapas.gob.mx/boletines/boletin.php?idboletin=115.
9. BID, Comunicado de prensa, “BID aprueba US$2,000 millones para combate a la pobreza en México”, 17 de diciembre, 2008,
http://www.iadb.org/news/detail.cfm?lang=es&id=5078;
Banco Mundial, Comunicado de prensa No. 2009/134/LCR, “US$1,010 millones para fortalecer los mercados de financiamiento privado para vivienda en México”, véase
Banco Mundial: web.worldbank.org;
González, Roberto, “México recibirá en 2009 el mayor préstamo que otorgan BM y BID”, La Jornada, 12 de diciembre de 2008,
http://www.jornada.unam.mx/2008/12/12/index.php?section=economia&article=026n1eco.


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