¿Violencia social o de Estado?

20 11 2008

Editorial

“la intensidad de la violencia no se mide sólo por los ataques a la vida y a la integridad de las personas,
sino, además, por la violación sistemática del derecho a vivir la vida dignamente”.

Irene Vasilachis de Gialdino, “Las otras formas de ser de la violencia”

En el México de inicios del siglo XX, ante la falta de representación real de las demandas e intereses de los distintos sectores sociales que de manera generalizada se insurreccionaron a partir de 1910, la nueva elite de poder revolucionaria recurrió a la violencia como medio de pacificación para lograr la conformación del Estado Moderno mexicano.

Este Estado se ha mantenido en paz a través del re-ordenamiento de territorios, poderes locales y leyes; del enaltecimiento de una identidad nacional en los hechos excluyente, racista y clasista; de un sistema político-social basado en tráfico de influencias, corrupción, abuso de autoridad; de represión de  Estado tanto abierta como encubierta, por medio de los cuerpos oficiales del orden y de otros no oficiales; de la marginación y explotación  de los más en favor de los menos. El sistema político en que se basa el Estado mexicano no es mas que una macroestructura que mantiene un falso orden y paz por medio de un ejercicio sistemático de la violencia.

A diferencia de lo que el  Estado y sus medios de comunicación anuncian, la violencia no se origina en cárteles, criminalidad y conflictos sociales; tampoco se debe solamente a desviaciones de los propios funcionarios, abusos con las leyes ni a la mala aplicación de justicia; no se trata de un modelo con errores de ejecución que sea perfectible con instancias democráticas y transparentes. La violencia es parte constitutiva del actual Estado Mexicano, pues este se fundó, se consolidó y se mantiene por medio de ella.

Lo particular del momento es que la contradicción fundacional paz por medio de violencia se vuelve  insostenible, provocando mayores desigualdades y con ello la agudización de las condiciones de vida  en el país. Lo más grave es que el Estado, en vez de frenar la espiral de violencia que genera, la capitaliza para justificar su política de militarización, represión y mano dura. “…ante todo, – decía el psicólogo Ignacio Martín-Baro durante el periodo de guerra en el Salvador – debe darse un contexto social que estimule o al menos permita la violencia. Con ello nos referimos a un marco de valores y normas, formales o informales, que acepte la violencia como una forma de comportamiento posible e incluso la requiera”. Si el clima actual de violencia en el país le resulta conveniente al Estado, cabe la posibilidad de que corresponda a algo planeado o provocado; de ser así y considerando la violencia como medio y no como fin, sería conveniente identificar los recursos utilizados así como los intereses últimos.

A propósito del ensayo Para una crítica de la violencia de Walter Benjamin que hace unos dias pusimos a disposición en está página, publicamos ahora un par de análisis  en los que Arnoldo Kraus y Carlos Montemayor exponen sus ideas acerca de la relación Estado-violencia en México

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¿Es ética la violencia social?

Arnoldo Kraus

19/Nov/2008

publicado en jornada.unam.mx

“Bastaría considerar si la violencia, en casos precisos, sirve a fines justos o injustos” escribió Walter Benjamin en 1921. En el mismo ensayo, Para una crítica de la violencia, agregó: “La cuestión de si la violencia es en general ética como medio para alcanzar un fin seguirá sin resolverse”. Ochenta y siete años después, las interrogantes de Benjamin siguen no sólo siendo vigentes, sino con adendas que retratan comunidades cada vez más enfermas. La nuestra, la mexicana, es ejemplo de ese deterioro y del imparable avance de la decrepitud comunitaria. Decrepitud como sinónimo del brutal fracaso de la política mexicana y como antesala para la violencia social.

Los sociólogos seguramente saben las razones por las cuales el grueso de la sociedad, 50 o 60 millones de connacionales, no se ha lanzado a las calles en busca de justicia. A pesar de que los pobres y miserables viven en un impasse, tres hipótesis podrían explicar los motivos por los cuales las comunidades pobres siguen aguantando las lacras ocasionadas por la falta de dinero. Es probable que siga pesando más la esperanza que el desasosiego, quizás la religión siga convenciendo y funcionando como paliativo y, por último, es factible que los pobres se hayan acostumbrado a sobrevivir y a tolerar las condiciones de vida que les ha impuesto el Estado mexicano.

Sin embargo, tanto en la ciencia como en la cotidianidad las hipótesis son perecederas. Siempre, más temprano que tarde, hay una verdad o algún hallazgo que las cuestiona y que les quita su carácter de probabilidad. Cuando las hipótesis dejan de serlo, emerge la realidad. Es el caso México. Si persisten o se empeoran las condiciones económicas de la mitad de la población mexicana -supervivencia para 25 millones- es probable que ni la esperanza, ni los dictados de los religiosos sirvan para contener el enojo y el desasosiego de la comunidad. La realidad de la miseria en el caso México es ominosa: se requiere ser ignorante y parte de la cúpula gubernamental para negar el empobrecimiento de las masas y para no entender que existen razones suficientes para que la violencia estalle.

La indigencia detiene la vida y el hambre impide el futuro. Cuando se rebasa lo inadmisible, cuando se sabe que a pesar de que se realicen los mejores esfuerzos es imposible avanzar y cuando no hay más sacrificios que hacer, la realidad obliga a repensar si son correctas o no las ideas del filósofo judeoalemán: ¿es ética la violencia?

Los nimios logros de las políticas mexicanas -democracias mediocres, derechos humanos vulnerados, dignidad humana atropellada- son argumentos comprensibles y suficientes para validar la violencia comunitaria. La expoliación sin coto, la inutilidad de los discursos políticos y la creciente desesperanza justifican todo tipo de encono. El problema no radica en entender esas razones. La violencia es una consecuencia esperable y obvia del latrocinio. El brete es más profundo e incluso interesante: tal como lo planteó Benjamin, ¿puede la violencia sustentarse en argumentos éticos?, ¿es la violencia consecuencia lógica de la injusticia? A partir de la óptica de los pobres o de los vencidos la rudeza es una consecuencia lógica de la amoralidad y de la injusticia perpetrada por el poder político, económico o religioso. Desde esa perspectiva es fácil entender el sustrato de la agresión comunitaria que nace de la desesperanza e incluso aprobarlo. Lo que es en cambio difícil dirimir son los límites éticos de la violencia.

El Estado mexicano ha ejercido sin piedad la violencia. Robar al país es una fechoría. No ofrecer salud de calidad para todos es injusto. Carecer de agua es amoral. Fomentar el narcotráfico es criminal. No ofrecer educación adecuada ni paga justa a los maestros es bajeza. Permitir la desnutrición es atroz. Delinquir arropado por disfraces políticos o policiales es nefando. Todos esos argumentos son una breve sinopsis de los quehaceres del Estado mexicano. El caso México, desde la mirada de la pobreza y desde la experiencia de los vencidos es sinónimo de fracaso y sustrato de la violencia venidera.

La cuestión sociológica es la de siempre, ¿hasta cuándo? El detonador de la violencia lo ocasionará el incremento insoportable de la miseria, mientras que la ruptura de la frágil estabilidad social la determinará la inutilidad de la vida y la magnitud del sufrimiento, consecuencias obvias de la pobreza.

Detesto la violencia. Tanto la verbal como la física. La detesto y procuro alejarme de ella. Me intimida y me rebasa. Me atenaza. Sin embargo, la comprendo y la justifico. No la estimulo pero la entiendo. No la deseo pero pienso que es válida cuando no hay dinero en casa para comprar medicamentos.

Cuando la humillación sepulta la vida emerge la violencia. Cuando la miseria entierra la esperanza la violencia es una respuesta. Esos descalabros los han propiciado nuestros gobiernos. Ellos son y serán los responsables de la ira societaria. Ignoro, en el caso México, cuál es la dosis ética y justa de violencia. Espero que sea mucho menor a la que han ejercido nuestros políticos contra sus ciudadanos.

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La violencia de Estado en México

Carlos Montemayor

Varias entregas, Oct-Nov/2008

publicado en jornada.unam.mx

I.
La violencia de Estado abarca un amplio espectro de intensidad y de modalidades según los procesos concretos por los que atraviese la sociedad en la que surge. Los golpes de Estado, las dictaduras resultantes, la guerra civil, son un inmenso espacio donde la violencia alcanza niveles impredecibles. Un Estado sometido a un proceso de guerra actuará de manera diferente según vayan sucediéndose algunos estadios previsibles: la insurrección general, los combates de ejércitos, la fase del triunfo provisional o definitivo de un ejército o de una facción, la consolidación del nuevo Estado.

Las guerras civiles o las secuelas de algunos procesos de restructuración del poder en las sociedades modernas pueden recorrer el trayecto de acuerdos de paz y de formación de coaliciones, o bien el de dictaduras o el del entronizamiento de grupos etnocráticos que desaten campañas genocidas y de limpieza étnica difíciles de cuantificar, resistir o reconocer como procesos de la historia de las civilizaciones humanas.

Sin embargo, el balance y deslinde de procesos extremos de confrontación social de un Estado fracturado o en vías de recomposición son esenciales para la restitución del tejido social de ese pueblo. En términos historiográficos y políticos, tal deslinde es necesario, pero doloroso. Los procesos de convulsión requieren de un tratamiento complejo que abarque múltiples facetas, tanto por medio de Comisiones de la Verdad (Sudáfrica o Guatemala, pongamos por caso) como en procesos penales posteriores (Argentina y Chile, por ejemplo, o en México la fallida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado).

Pueden presentar semejanzas en la intensidad de violencia ciertas facetas de la guerra civil española y ciertos periodos de la consolidación del régimen franquista con alguna etapa de las dictaduras latinoamericanas derivadas de golpes de Estado: Chile, Argentina, Paraguay, Perú, Guatemala o el México convulso de la Revolución de 1910 y sus secuelas de lustros. Es posible que la desintegración de la vieja Yugoslavia y el genocidio de Kosovo no tengan paralelo en este continente, pero persecuciones en contextos racistas y de invasión territorial como ha ocurrido en Kosovo, en diversos países africanos y en Palestina, pueden ser sujetos de algunas aproximaciones comparativas en los casos de masacres a poblaciones indígenas o de despojos territoriales en distintas regiones del continente americano.

En estos casos la guerra es el referente central, ciertamente. La guerra con sus entramados convencionales o ilegales, con sus laberínticos discursos difíciles de comprobar con la realidad o la verdad social. Pero incluso en países que podríamos considerar sociedades de normalidad democrática, a salvo de procesos de excepción, como las guerras civiles o los golpes de Estado, surgen una estrategia de guerra para enfrentar oficialmente distintos momentos y modalidades de la inconformidad social. No desconozco que la guerrilla rural y urbana surge a menudo apoyándose en una declaración formal de guerra, pero no olvido que de manera recurrente los Estados se niegan a reconocerla como fuerza beligerante a fin de no quedar sujetos a un orden legal internacional, como el del Protocolo II adicional a los convenios de Ginebra, que regula conflictos armados de carácter interno. La guerrilla rural es una forma de guerra, pues, pero entre nosotros no ha puesto aún en vilo al Estado mismo, que la subsume como inconformidad social y a menudo como delincuencia, no como guerra convencional. En este orden, en un país que podemos reconocer como de normalidad democrática, y que ante la insurgencia rural o el crimen organizado, no digamos ya ante la inconformidad social no armada, se espera que actúe conforme a sus propias leyes, conforme a derecho, en este orden, repito, en este sentido, sitúo mi análisis sobre la violencia social en México.

Ahora bien, la violencia de Estado en los movimientos sociales mexicanos del siglo XX se desplegó en una amplia gama de regiones y sectores sociales, tanto en los contextos de prevención, contención, represión o persecución de procesos de inconformidad social, como en su canalización contra núcleos sociales vulnerables, sectores gremiales, regiones aisladas, comarcas, partidos políticos, movimientos subversivos, manifestaciones populares.

Sería natural suponer que a la complejidad de los procesos de inconformidad social corresponde la complejidad de la violencia de Estado. Pero esta premisa adolece de un reduccionismo casuístico, que dejará de lado la visión general de los elementos constantes y recurrentes mediante los cuales opera esa violencia. Adolece de un reduccionismo más: creer que la inconformidad social es una forma de violencia que el Estado se propone frenar o resolver.

Estas premisas de análisis podrían allanarse si recurrimos al deslinde inicial de algunos elementos constantes y básicos en estos procesos complejos: me refiero a los órdenes del discurso, de la acción militar o policial, de las instancias de procuración e impartición de justicia y en ocasiones de la legislación misma. Proponer las constantes mínimas que concurren en este tipo de violencia social ayuda a entender cuándo la decisión de un gobernante deja de ser administrativa y se convierte en violencia de Estado.

II.
Decíamos en la anterior entrega que las premisas de análisis en la violencia de Estado podrían allanarse si recurrimos al deslinde inicial de algunos elementos constantes y básicos en estos procesos complejos: me refiero a los órdenes del discurso, de la acción militar o policial, de las instancias de procuración e impartición de justicia y en ocasiones de la legislación misma. Proponer las constantes mínimas que concurren en este tipo de violencia social ayuda a entender cuándo la decisión de un gobernante deja de ser administrativa y se convierte en violencia de Estado.

En el orden del discurso, por ejemplo, debemos destacar fundamentalmente que en toda formulación discursiva oficial hay un plano explícito y otro encubierto. En el plano explícito discrepan las versiones sobre la realidad social que formulan los movimientos de inconformidad social y el Estado mismo. El discurso encubierto, en cambio, es el sustrato que acepta la sociedad en su conjunto como verdad inobjetable y que sirve de sustento y contexto al discurso explícito oficial.

Veamos esta formulación del discurso oficial a propósito de los movimientos guerrilleros mexicanos. La caracterización de tales movimientos desde la perspectiva oficial forma parte ya de una estrategia de combate y no de un análisis para comprenderlos como procesos sociales. Tal perspectiva postula un reduccionismo constante que confunde y elimina características sociales indispensables para entender políticamente los movimientos armados y para plantear su solución de fondo. Al reducir al máximo los datos de causalidad social se favorece la aplicación de medidas solamente policiacas o militares.

Para entender los movimientos armados rurales conviene suponer, en principio, que en ellos concurren una dinámica de polarización regional y una dinámica militar que se expresa en la conformación de la estrategia y los núcleos armados de la guerrilla. Un primer error de análisis, no de manipulación discursiva, es considerar desvinculados el núcleo armado de la guerrilla y las condiciones sociales en que se sostiene.

Un segundo error sería ver que el vínculo entre las condiciones sociales y los núcleos guerrilleros es sólo casual y que no hay, por tanto, una integración profunda entre la guerrilla y sus circunstancias regionales. Con estas opciones de interpretación la decisión oficial podría inclinarse fácilmente por una acción policiaca o militar que intentara sofocar al núcleo armado sin modificar las circunstancias sociales de la región.

De reconocer la dinámica social como uno de los componentes de tales movimientos rurales, el Estado se obligaría a modificar o aliviar algunas circunstancias críticas del deterioro social regional. Podría hacerlo para evitar cualquier alzamiento en ese instante y en el futuro, o sólo podría decidirse a aplicar los programas de cambio y desarrollo social para eliminar a un movimiento armado específico. No es lo mismo aplicar proyectos de desarrollo pensando en un cambio social a profundidad y a mediano y a largo plazos, que aplicarlos para doblegar de inmediato a un solo y concreto grupo armado.

Tal dinámica social podría atenderse regionalmente, además, con programas efectivos de desarrollo de dos distintas maneras: una, desplegando o incluso enfrentando los programas de desarrollo a los movimientos mismos; otra, aplicándolos paralelamente a una negociación política. En el primer caso, los proyectos de desarrollo se aplicarían como parte de una estrategia de combate y aun de exterminio de los núcleos armados y sus bases sociales. En el otro, se aplicarían como parte de una acción coordinada de negociación política. Una cosa sería la paz alcanzada por la negociación y el cambio social. Otra, la paz alcanzada mediante el exterminio de las bases sociales y los núcleos insurgentes. De acuerdo con la experiencia mexicana, podemos afirmar que cada vez que se ha optado por este último caso se han sentado las condiciones para la recurrencia de la guerrilla.

En todas las opciones expuestas aquí, la formulación del discurso explícito oficial que descalifica socialmente los procesos populares armados está apoyándose en un contenido no explícito que le facilita calificar como violencia social la constituida por el alzamiento sin obligar al Estado a despejar otro concepto previo: el de “paz social”. Además de confundirse con la ausencia de inconformidad popular, esta amplia idea deja de lado la realidad de una polarización ya institucionalizada: la pobreza, la desnutrición, el desempleo, al analfabetismo, la marginación, la carencia de servicios de salud, la vivienda deficiente, los servicios públicos insuficientes o inexistentes, la desigualdad social extrema, la pérdida de talla o estatura en núcleos rurales e indígenas, el acortamiento del promedio de vida en zonas rurales y marginadas. Indicadores así, y otros que pueden conformarse de acuerdo con características regionales, gremiales o de legislación local o nacional (podríamos decir caciquismos, corrupción policial, venalidad de jueces, explotación laboral en campos agrícolas, industrias, maquiladoras o sectores de servicios mediante presiones sindicales, indefensión o subcontratación laboral por terceros a niños, mujeres o jóvenes) constituyen un amplio sistema de violencia legal, institucionalizada, que el Estado y la sociedad confunden con la estabilidad y la paz social. Al permanecer en silencio esta violencia constante y previa, la inconformidad se confunde con el inicio de la violencia social misma y no se le entiende, precisamente, como un proceso que surge para que cesen, amengüen o se suspendan temporal o definitivamente los indicadores de la violencia social previa institucionalizada. En este caso, la inconformidad social no inicia la violencia; por el contrario, surge para que esa violencia previa cese.

III.
En la violencia de Estado hay espacios oficiales que poseen mecanismos propios y recurrentes. A nivel policial y militar destaca la creación y continuidad de comandos de elite como fuerzas de choque para enfrentar movimientos populares no armados. A nivel procesal, la acción coordinada del Ministerio Público y de los jueces que obvian procedimientos legales para acusar, castigar y resolver de manera expedita e injusta. En la desaparición forzada, la aquiescencia de autoridades políticas, militares, policiales y judiciales a nivel municipal, estatal y federal.

Podemos hablar de la violencia de Estado en movimientos de inconformidad social cuando la procuración e impartición de justicia, y aun la legislación, concurren con la represión policial o militar desde el arresto de líderes y represión indiscriminada, hasta masacres y desapariciones forzadas. Tal violencia puede describirse vía las acciones específicas y propias de cuerpos policiacos, contingentes militares, manipulaciones procesales, sentencias de jueces sin fundamento legal suficiente, o el crimen de Estado que caracteriza de manera central esta violencia: las desapariciones forzadas.

Revisemos algunos casos de esta urdimbre letal en diversos movimientos del México del siglo XX. Primero, los operativos de allanamientos ilegales multitudinarios de pequeños poblados o barrios, con daños y despojos indiscriminados y arrestos colectivos sin sustento legal. He descrito ampliamente estos operativos, con todas sus secuelas, en mi novela Guerra en el paraíso. Son las tácticas militares donde se originaron las desapariciones forzosas y los asesinatos de centenares de campesinos en el estado de Guerrero durante la guerra sucia de los años 70. La guerra sucia en Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Chile, Vietnam, Guatemala, en cualquier país, hubiera sido imposible sin estos operativos que en las primeras horas del amanecer ensangrentaron aldeas y barrios enteros.

Este modus operandi continental sigue tomándose en cuenta en México como recurso oportuno. Así ocurrió hace pocos años en una zona rural cercana a la ciudad de México. El 23 de mayo del año 2007, Amnistía Internacional, sección México, encabezada por Liliana Velásquez, presentó el capítulo dedicado a nuestro país de su Informe 2007, donde se señalaba en cuanto al operativo policiaco efectuado el 3 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, que “la policía utilizó gas lacrimógeno y armas de fuego contra miembros de la comunidad y detuvo, durante los días que duró la operación, a 211 personas, muchas de las cuales fueron reiteradamente golpeadas y torturadas mientras se les trasladaba a la prisión”. Apuntó que de las 47 mujeres que fueron detenidas y llevadas a la cárcel, “al menos 26 de ellas denunciaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que fueron objeto de agresión sexual o violación de policías. Al finalizar el año, sólo se habían fincado cargos menores contra uno de los agresores”.

En el mismo mes de la agresión expliqué en estas páginas de La Jornada el procedimiento complejo que se había aplicado esa madrugada del 3 de mayo del año 2006. Gran parte de la eficacia de estos cateos ilegales en las primeras horas del amanecer y en pequeñas aldeas o en pequeños barrios, y sus secuelas de daños derivan de lo inesperado del operativo mismo y de la contundente y visible superioridad de las armas sobre familias inermes. El armamento es intimidatorio desde los retenes que cercan el territorio y bloquean entradas y salidas de la aldea o del barrio; después, en los comandos de elite que penetran en domicilios para acentuar la sorpresa y para evidenciar la superioridad de su fuerza.

Los contingentes militares o policiales penetran en todas las habitaciones de las casas para detectar rápidamente armas, equipos, pertrechos, alimentos, propaganda o dinero. A estos detalles técnicos y tácticos se debe la imposibilidad de distinguir entre el robo, el despojo, la destrucción indiscriminada y lo que esos elementos y sus jefes quisieran que víctimas y analistas llamáramos solamente “inspección”. La secuela de devastación, robo y ultraje es connatural a la inspección y a la aprehensión multitudinaria.

Un mecanismo esencial de tal tipo de operativos deriva de su naturaleza táctica: la imposibilidad de que sea una acción improvisada. Se trata de un operativo que no puede surgir por azar: requiere de planificación anticipada. Segundo, es resultado de una coordinación de varios sectores administrativos y políticos. O sea, precisan de la anuencia, coordinación o disposición de poderes municipales, estatales y federales; de agentes del Ministerio Público Federal, de jueces, de servicios médicos, de fuerzas complementarias y de autoridades carcelarias. Esta coordinación multisectorial tampoco puede ser improvisada inopinadamente.
Un aspecto más deriva de los dos anteriores: no son operativos de alto riesgo militar ni policiaco, pues la sorpresa y la superioridad de armamento, más los estudios previos para su aplicación en las zonas ya vigiladas y analizadas, no suponen una resistencia peligrosa ni real. Son operativos de amedrentamiento y sometimiento inmediato. Pero lo notable de éstos es su alto riesgo político. El mensaje social que operativos así encarnan es de tal magnitud que no pueden aplicarse sin un mandato de las autoridades políticas. Es recurrente en la historia de este tipo de acciones el mecanismo retórico para deslindar a la autoridad política de la autoridad policiaca o militar. Esto explica y torna necesaria una coordinación más: la de los medios informativos. Es muy útil el silencio, la complicidad e incluso la distorsión generada por televisión, radio y prensa escrita. Esta coordinación multisectorial demuestra que se trata de una decisión de Estado y no de la violencia impulsada por una aislada decisión administrativa.

IV.
En la entrega anterior nos referimos al carácter multisectorial de los operativos de allanamiento en aldeas o barrios para aprehensiones multitudinarias. Destaquemos ahora que la autorización de las jerarquías políticas cubre no solamente la aplicación del operativo en un punto rural o urbano específico, sino el propio entrenamiento de los cuerpos de choque policiacos o militares. No hay un divorcio entre la decisión policiaca, la militar y la política desde el entrenamiento de cuadros hasta la planeación de los operativos y su ejecución. La persistencia o la recurrencia de estos cuadros, grupos o comandos, a los que podemos llamar, con involuntario humor negro, “de alto rendimiento”, han ido evolucionando tanto en cuerpos policiacos y militares como en corporaciones paramilitares. Su actividad tiene variantes no tan pronunciadas como para que resulte difícil identificarlas en diversos operativos.

Fueron policías judiciales de Guerrero, actuando como grupos de choque, los causantes de la masacre en la plaza central de Atoyac el 18 de mayo de 1967. Los padres de familia de la escuela primaria Juan Álvarez se manifestaron para protestar por las elevadas cuotas que la directora de la escuela imponía a los estudiantes. Los policías judiciales acuartelaron a los policías preventivos y atacaron a la población, como describo pormenorizadamente en la novela Guerra en el paraíso. Las autoridades quisieron culpar a Lucio Cabañas de la masacre e intentaron aprehenderlo; ese día Lucio se vio obligado a remontarse a la sierra: así se originó su guerrilla.

También fueron policías judiciales de Guerrero, actuando como grupos de choque, los que irrumpieron en una reunión de la Asociación de Copreros en el puerto de Acapulco, en agosto de ese mismo año de 1967. La asociación iba a celebrar las elecciones de una nueva mesa directiva y tenían como invitado de honor al líder campesino veracruzano César del Ángel. Los policías, entre ellos conocidos pistoleros de la Costa Grande y la Costa Chica al servicio de caciques, asesinaron a mansalva a 27 campesinos a fin de evitar la elección libre de la nueva mesa directiva y luego atribuir la matanza a César del Ángel, quien logró huir antes de que también lo liquidaran.

Fueron igualmente policías judiciales del estado de Guerrero los que perpetraron la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995. Por muchos indicios sabemos que los campesinos fueron abatidos en un operativo policiaco preparado con anticipación. Declaraciones de sobrevivientes y de la entonces alcaldesa de Atoyac; fotografías tomadas por Martín Gómez Muñoz antes de que colocaran armas en las manos de los cadáveres, y el análisis del documento fílmico que hizo circular el gobierno del estado, confirmaron, primero, que el nutrido contingente policiaco estaba emboscado. Segundo, que los disparos iniciales, con pistola, fueron sólo una señal para que se abriera el fuego con armas de largo alcance. Tercero, que no hubo tiroteo entre fuerzas campesinas y policiacas. Cuarto, que se acribilló a los campesinos que estaban arracimados en el camión de redilas. Quinto, que fueron colocadas pistolas en los cadáveres fotografiados por Martín Gómez Muñoz porque los campesinos sólo portaban machetes y palos de madera. Sexto, al no contar con capacidad de fuego ni de respuesta, el sometimiento de los campesinos hubiera sido inmediato, sin necesidad de disparar indiscriminadamente sobre tantos hombres inermes. Séptimo, recibieron el tiro de gracia los heridos que fueron detectados por las patadas propinadas a los cuerpos ensangrentados. En suma, imposible haber liquidado con armas de alto poder a 17 personas sin darse cuenta de que éstas estaban indefensas.

Esta masacre no fue un caso aislado de represión; formó parte de una estrategia de guerra más amplia en varias regiones de la sierra de Guerrero y de manera particular en contra de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). Los 17 campesinos masacrados pertenecían a esa organización y cinco años después ascendió a 42 el número de hombres asesinados. Antes y después de la masacre, se formó una organización campesina paralela que en vano intentó neutralizar a la OCSS. Todo esto fue el probable detonante del alzamiento del Ejército Popular Revolucionario (EPR), que en el vado de Aguas Blancas hizo su primera aparición al año siguiente, en 1996.

Los cuerpos de choque también se han formado en el Ejército, no sólo en la policía. Sabemos ahora que fueron comandos del Estado Mayor Presidencial los francotiradores que perpetraron la masacre de estudiantes y soldados el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Que uno de esos comandos apostados en el techo de la iglesia de Santiago Tlatelolco fue el agresor del general Hernández Toledo. Que estos comandos efectuaron ataques con explosivos en diversos edificios públicos y privados en 1969. Que de ellos se derivaron los comandos conocidos como los Halcones, perpetradores de la masacre de estudiantes el jueves de Corpus de 1971, también en la ciudad de México. Sabemos que al tercer día de haber tomado posesión como presidente de la República, Luis Echeverría instruyó a su canciller Emilio Rabasa para que pidiera oficialmente asesoría militar y policial a Estados Unidos para los Halcones y para su responsable directo, el entonces coronel Manuel Díaz Escobar.

El 2 de octubre de 1968 fue un laboratorio de experimentos represivos a gran escala: la coordinación entre cuerpos policiales y militares con el Ministerio Público y jueces; una maquinaria inmensa echada a andar en la Operación Galeana con el Batallón Olimpia en primer término, los destacamentos militares apostados en diversos puntos de un amplio perímetro que ceñía a la plaza de Tlatelolco y las actuaciones en serie del Ministerio Público y resoluciones de jueces. El modus operandi de esta vasta maquinaria de Ministerio Público y del Poder Judicial se había aplicado en la represión de movimientos sociales anteriores, particularmente el ferrocarrilero y el magisterial. La diferencia entonces fue la continuidad de mandos, contingentes y modo de operar de cuerpos policiales y del ejército a lo largo de varias décadas de guerra sucia.

V.
En diciembre de 1997 irrumpió en México otra variante de la violencia de Estado a través de los grupos de choque. Dos años antes, desde 1995, estos nuevos grupos ya no estuvieron integrados por militares ni policías, sino por paramilitares indígenas. Uno de estos contingentes perpetró una de las más brutales masacres en el México del siglo XX, en los Altos de Chiapas. Por su importancia entre las bases sociales del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y por el modus operandi de Estado, revisaremos algunos puntos de lo ocurrido ese 22 de diciembre de 1997.

En el municipio de Chenalhó, en Acteal, en los mencionados Altos de Chiapas, se habían concentrado familias campesinas desplazadas desde hacía tiempo de su lugar de origen por presiones de grupos paramilitares. Estas familias desplazadas eran conocidas como las Abejas. Atentas a los rumores de que se preparaba para atacarlas uno de tales grupos entrenados por cuadros de la policía estatal, se concentraron desde las primeras horas de la mañana en la ermita que habían construido en Acteal, un galerón de madera con techo de lámina y piso de tierra firme. Para disminuir los riesgos de un enfrentamiento con ese grupo paramilitar, muchos hombres se retiraron y sólo quedaron en su mayoría mujeres, niños y ancianos.

A las 10:30 de la mañana se aproximó al lugar el contingente agresor que portaba armas de alto calibre, uniformes de color negro y pasamontañas. Eran individuos de las comunidades de Los Chorros, Puebla, Chimix, Quextic, Pechiquil y Canolal, que se habían transportado en camiones de los conocidos como de tres toneladas. Comenzaron a disparar, a mansalva, por la espalda, contra los desplazados que rezaban; al huir, la gente iba cayendo en el camino y en una hondonada cercana. Durante seis horas los paramilitares dispararon y ultimaron a varias decenas de víctimas; cesaron de accionar las armas cuando consideraron que habían acabado con todos los que se encontraban en la hondonada. Sólo se salvaron dos o tres personas que tenían encima los cuerpos de otros compañeros y que se mantuvieron quietas desde ese momento hasta que empezó a oscurecer y pudieron dirigirse a San Cristóbal. Las detonaciones se escucharon en San José Majomut y sobre todo en Quextic, población desde donde se observa con claridad Acteal.

Hacia la una de la tarde, cuando aún se desarrollaba la masacre, el vicario de la catedral de San Cristóbal, Gonzalo Ituarte, llamó por teléfono al secretario de Gobierno de Chiapas, Homero Tovilla Cristiani, para pedirle su intervención inmediata; el funcionario dijo no saber nada, pero a las seis de la tarde llamó al vicario para notificarle que la situación en Acteal estaba controlada, que se habían escuchado unos cuantos tiros y que había cinco heridos leves. Cerca de las nueve de la noche llegó a la catedral de San Cristóbal uno de los sobrevivientes a dar detalles de la matanza. Dijo que habían pedido auxilio a policías que acampaban cerca del lugar y que ellos respondieron que “no era de su competencia” y no intervinieron.

A las ocho de la noche la Cruz Roja movilizó tres vehículos para el reconocimiento de la zona y la ubicación de cuerpos sin vida en la hondonada. Otras seis unidades de la Cruz Roja se integraron durante la noche a las tareas de rescate. El informe presentado por la Cruz Roja la mañana del siguiente día arrojó un total de 45 cadáveres, ninguno de los cuales parecía pertenecer a alguien que hubiera significado un serio peligro ni un furibundo adversario para los paramilitares: un bebé, 14 niños, 21 mujeres y nueve hombres. La agresión dejó además 25 heridos y cinco desaparecidos.

Debe apuntarse que los agentes de la policía de seguridad pública llegaron cerca de las cuatro de la mañana al lugar de los hechos con el propósito de desaparecer los cadáveres y eliminar evidencias de la masacre: no preservaron el área de la matanza, no practicaron legalmente las diligencias para el levantamiento de cadáveres ni guardaron registro de los sitios donde se hallaron los casquillos de las balas percutidas; tampoco permitieron que intervinieran otros peritos en criminalística de campo.

Por ello resalta su intención de inventar muertes con arma blanca y destripamientos de mujeres encintas: así podrían fácilmente caracterizar la masacre como un enfrentamiento entre indígenas primitivos. Esta invención fue propalada por el gobierno estatal en una campaña de medios para sugerir una especie de matanza ritual al estilo de los kaibiles guatemaltecos. El Servicio Médico Forense del estado llegó incluso a falsear su reporte para afirmar que 33 víctimas fallecieron por arma de fuego, siete por machetes o cuchillos (entre ellas varias mujeres embarazadas) y cinco por golpes en la cabeza.

Más tarde, los servicios periciales de la PGR determinaron que 43 víctimas habían sido ultimadas por arma de fuego y dos a base de golpes: 36 fueron asesinadas en las faldas del cerro, en una hondonada, y las nueve restantes fueron perseguidas y cazadas en las inmediaciones.

El general brigadier retirado Julio César Santiago Díaz, el mando de mayor jerarquía que estuvo en Acteal esa mañana del 22 de diciembre de 1997, y Felipe Vásquez Espinoza, en ese momento subcomandante de seguridad pública, explicaron en sus declaraciones ministeriales los diversos motivos por los que se abstuvieron de frenar la masacre, según veremos en la próxima entrega.

VI.
El general brigadier retirado Julio César Santiago Díaz fue el mando de mayor jerarquía -dijimos en la entrega anterior- que estuvo en Acteal esa mañana del 22 de diciembre de 1997. Fungía como jefe de asesores de la Coordinación de Seguridad Pública y era director de la Policía Auxiliar en el estado. Carlos Marín dio a conocer las declaraciones ministeriales de este general el 2 de marzo de 1998 en la revista Proceso. El general estuvo acompañado de 40 policías estatales durante tres horas y media, a la entrada de Acteal, mientras a 200 metros, montaña abajo, se cometía la masacre. Entre la una y las cuatro y media de la tarde, según relató ante el Ministerio Público Federal:
“… no se dejaron de escuchar disparos de armas de fuego de distintos calibres como el 22, escopeta, así como ráfagas de AR-15 y AK-47, deseando aclarar que los disparos se oían en intervalos de tres a cinco minutos; es decir, se escuchaban disparos, pasaban de tres a cinco minutos sin que se escucharan, y volvían a escucharse, siendo así todo el tiempo que permaneció el declarante en la entrada a la comunidad de Acteal, sobre la carretera… En esas tres horas y media ninguno de los cuatro comandantes o de los restantes 40 policías estatales que fueron llegando al punto entró al caserío ni se atrevió a bajar la cuesta para averiguar lo que sucedía, debido a que un suboficial le recomendó: ‘Jefe, hágase más para acá porque le pueden dar un tiro’.”

Felipe Vásquez Espinoza, el suboficial que le aconsejó al general ponerse a salvo de una bala perdida cuando se desarrollaba la masacre, era subcomandante de Seguridad Pública. En un momento de su declaración ministerial, a la pregunta de si alguna vez vio a algún habitante de Los Chorros portando armas, contestó:
“Que sí. Que en una ocasión, el día 26 de noviembre hablé con una persona que acompañaba a otra que portaba una arma de las denominadas cuerno de chivo y al preguntarle por qué portaban esas armas me dijo que eran para seguridad. Y al pedir instrucciones a mis superiores, el primer oficial, Absalón Gordillo, me indicó que si era partido verde lo dejara ir; o sea, verde, que es priísta, por lo que lo dejé ir.”

En declaración ministerial posterior enriqueció la historia: admitió que el 26 de noviembre, “por instrucciones superiores”, custodió a un grupo de paramilitares tzotziles que llevaban en costales, en una pick-up, un cargamento de las armas conocidas como cuernos de chivo. La instrucción dice haberla recibido, “sin lugar a dudas, del primer oficial Absalón Gordillo Ruiz, comandante en Majomut”.

En el Libro blanco sobre Acteal que preparó la Procuraduría General de la República (PGR) se registraron como procesados los nombres del general Julio César Santiago Díaz y de Felipe Vásquez Espinoza; el primero, por homicidio y lesiones por omisión; el segundo, por posesión y transporte de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. A ninguno se le menciona como protector de grupos paramilitares ni como autoridades que dieron escolta y protección a paramilitares. El nombre de Absalón Gordillo, en cambio, que autorizaba la protección a los paramilitares, no aparece en los registros.

En enero de 1998, dos semanas después, se efectuó una acción militar significativa para requisar armas. Dos mil soldados se instalaron en 18 campamentos para realizar cateos e interrogatorios y saquearon casas, tiendas y cooperativas. Pero efectuaron la requisa en 15 municipios zapatistas, algunos muy lejanos de Chenalhó. En otras palabras, buscaron armas no entre los agresores, sino entre las víctimas.

Por esos días, el 31 de enero de 1998, en Davos, Suiza, el entonces presidente Ernesto Zedillo afirmó, aludiendo al EZLN, que “no ha habido violencia entre el gobierno y este grupo. Desafortunadamente, ha habido violencia entre este grupo y otros grupos en Chiapas”…

Estas declaraciones no eran resultado de una precipitación ni solamente del cinismo: pretendían interpretar la masacre como un conflicto intercomunitario, un combate entre indios bárbaros.

La firmeza de los planes militares en la creación, entrenamiento y pertrechamiento de los grupos paramilitares se evidencia con otro hecho. Tres años después, a las cinco de la mañana del 12 de noviembre del año 2000, se efectuó el primer operativo de desarme en Los Chorros, la principal comunidad de los que perpetraron la matanza. Dos centenares de elementos de la PGR, pertenecientes a la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados, se presentaron en esa comunidad. Pero no pudieron contar, como es común en estos operativos, con el factor sorpresa. Fueron repelidos por la población, atacados con armas de fuego y perseguidos hasta Majomut, donde los paramilitares de ese sitio habían puesto un retén exactamente frente a una base militar que presenció con indiferencia, para decir lo menos, las agresiones a los elementos de la PGR. Es decir, el Ejército Mexicano permitió de buen grado que los paramilitares atacaran a elementos del propio Estado mexicano. Esta información no fue difundida. La omite la propia PGR en su boletín número 591/00 del 11 de noviembre de 2000. Hay sólo un pasaje sugerente en la edición del periódico Cuarto Poder del día 13 de noviembre del año 2000, en la página 21, donde se narra lo siguiente:
“A cinco kilómetros antes de Los Chorros, cerca de Majomut, otro grupo indígena bloqueó el camino con piedras, un camión de volteo, una Combi del ayuntamiento y otro vehículo más. Y otra vez hubo forcejeo entre policías y campesinos. No llegaron a ningún arreglo a pesar de que ahí se encontraban funcionarios del ayuntamiento de Chenalhó. Los judiciales abrieron paso por la fuerza, empujando camiones y levantando los obstáculos del camino. En ese tramo, ubicado junto a una base militar, por segunda ocasión, los judiciales hicieron disparos al aire para dispersar a los pobladores. De entre el monte se escuchó que los indígenas respondieron a balazos.”

Es ilustrativo el comportamiento permisivo del Ejército Mexicano con los grupos paramilitares incluso al atacar a policías federales. En este contexto se explica que la policía del estado haya tratado de eliminar los cadáveres de la masacre de Acteal la mañana del 23 de septiembre de 1997 y después, al menos, intentado alterar los hechos. Así se explica la aparente actitud errática de los discursos presidenciales antes y después de la matanza. Así se explica que la policía del estado y el Ejército hayan apoyado, por omisión o acción, a los grupos paramilitares antes, durante y después de la masacre. Así se explica el surgimiento y perseverancia de grupos paramilitares en el Chiapas de ayer y hoy.


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