Reubicaciones por desastre en el estado de Chiapas: un antecedente para entender el proyecto de Ciudades Rurales Sustentables

Erick Alfredo Macías Juárez[1] y Rubén Galicia Castillo[2]

El traslado de personas de un sitio a otro es un hecho antiquísimo en la historia de la humanidad; es la manera en que típicamente se ha llevado a cabo el poblamiento de los distintos territorios en el mundo, la distribución de la población y la constitución de los asentamientos humanos en todas las escalas, desde lo local hasta lo internacional. También incluyen estos movimientos a los fenómenos demográficos más conocidos como lo son las migraciones, los reasentamientos motivados por la búsqueda de recursos, o simplemente de lugares más adecuados para vivir.

De esta manera, “los desplazamientos y reubicaciones de población han sido procesos constantes en el desarrollo de la humanidad […] la frecuencia y las proporciones de estos procesos son correspondientes a los niveles de densidad demográfica de las sociedades, pero aún más con las características de los procesos de poblamiento y urbanización.” (Macías, 2000:26). Lo anterior indica que los reasentamientos también han estado en estrecha relación con el desarrollo económico y las complejidades y problemas que el mismo implica; dentro de estos fenómenos los hay de tipo involuntario, por tratarse de reubicaciones de grupos humanos que no han tenido la intención o la iniciativa de cambiarse de lugar.

En la actualidad, los desplazamientos involuntarios siguen ocurriendo en todo el mundo, tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, aunque las razones para estos movimientos de población varían según sus características, por lo que han dado lugar a una clasificación en dos grandes grupos de acuerdo a los fenómenos que los motivan:

1. Reubicaciones “por desarrollo”.

Debido a que, desde la perspectiva gubernamental, el desarrollo mediante la introducción de infraestructura es fundamental para expandir las actividades productivas así como para establecer servicios públicos básicos y con ello buscar una mejor en los estándares de vida de la población, los estados nacionales invierten una gran cantidad de recursos en la creación y renovación de estas infraestructuras (presas hidroeléctricas, sistemas de irrigación y de extracción de agua potable, caminos y puentes, extracción de minerales, combustibles, etc.). En este tipo de reubicaciones, aunque son movimientos involuntarios puesto que las poblaciones no han tomado por sí mismas la decisión de reubicarse, se supone que el estado parte de un plan previamente establecido y existe una participación organizada de dependencias y organismos públicos para atender a los reubicados desde el principio del proceso. Walter Fernández considera que las reubicaciones por desarrollo son un desalojo, una manifestación de la lucha por el control de los recursos naturales entre una minoría poderosa que se respalda en el interés nacional del desarrollo y el progreso para conseguir objetivos particulares, y una mayoría desprovista de poder para oponerse. Este desalojo se basa en una legitimación de los procesos que proclama la igualdad de derechos y acceso a los recursos para ambas partes, pero que casi nunca se lleva a la práctica, dando como resultado “una distribución desigual de los recursos y un acceso inequitativo a los mismos.” (Fernández, 1992 en García Espejel, 2003:62)

2. Reubicaciones por desastre

Esta otra forma en que se realizan reubicaciones se refiere a medidas reconstructivas obligadas por los daños materiales y humanos infligidos a una comunidad por la acción de un fenómeno natural o antrópico, y la consecuente imposibilidad o inconveniencia de reconstruir la infraestructura afectada en el sitio por razones de riesgo. Este escenario se ha vuelto una respuesta típica y cada vez más frecuente por parte de las instituciones gubernamentales en situaciones de desastre en Latinoamérica.

Una definición de ‘reubicación’, ofrecida por Macías, es que se trata de “una acción colectiva, con injerencia gubernamental o sin ella, en la que un conjunto de personas asociadas mediante principios de comunidad o sin ellos, se ve compelido a abandonar un espacio habitado por éste para trasladarse a otra área en donde la sola acción de hacerlo supone mejoría de ciertas condiciones de existencia o la reducción de alguna amenaza a su bienestar […] la reubicación quiere decir la imposición de un cambio, y que dicha imposición asume responsabilidades de mejoría, de manera que reubicar no puede reducirse al cambio de vivienda o de conjunto de viviendas, dado que esto supondría que un diseño de plan o proyecto de reubicación se limitaría al problema de construcción de un conjunto de casas. Evidentemente, la crítica implícita de lo observado en acciones reconocidas de reubicaciones, es que esas acciones consideradas han sido básicamente asimiladas como proyectos de construcción de viviendas y faltos por tanto de proyectos agregados de desarrollo social y comunitario.” (Macías, 2008:23-24)

En México, como en muchas otras partes del mundo, en específico en los países “subdesarrollados” o “periféricos”, el sistema capitalista ha generado condiciones de vulnerabilidad social a desastres para una gran parte de la población (Galicia, 2009:139), las cuales repercuten en diferentes aspectos de la vida cotidiana de dicha población, y en muchos casos estas condiciones devienen finalmente en la reubicación de las comunidades.

Para el caso de nuestro país, los estudios referentes a las reubicaciones por desarrollo han sido los más, mientras que los relacionados a reubicaciones asociadas a desastres son relativamente recientes y novedosos, entre los actores que han realizado un trabajo relacionado con este tipo de reubicaciones, encontramos la investigación realizada a partir del 2003 encabezada por el Dr. Jesús Manuel Macías Medrano, investigador del CIESAS (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social), y su equipo de trabajo, dentro del proyecto: La intervención de la Secretaría de Desarrollo Social en la Recuperación de Desastres. Evaluación de Acciones y Omisiones en Reubicación de Comunidades.

Dentro de este proyecto se estudiaron 7 casos de reubicaciones en 4 estados de la República Mexicana, La Nueva Junta Arroyo Zarco en el municipio de Tenampulco, Puebla; 2 en el estado de Veracruz: Arroyo del Maíz en el municipio de Poza Rica y Tecolotitlán en el municipio de Tecolutla; 2 en Yucatán, Tigre Grande y el Escondido, ambos en el municipio de Tzucacab y; 2 casos más en el estado de Chiapas dentro del municipio de Motozintla, las colonias Nuevo Milenio III y Vida Mejor III, los cuales correspondieron a diferentes proyectos de reubicación, el primero realizado en 1998 y el segundo en el 2005.

Para llevar a cabo el estudio de los casos antes mencionados se aplicaron entrevistas a los diferentes actores involucrados en el proceso de reubicación, es decir, funcionarios públicos, organizaciones sociales, ONGs, lideres locales y reubicados; así como también se realizó una cédula encuesta censal que trató de abarcar el mayor número posible de personas que habitan en las reubicaciones, pues cabe señalar que dado el proceso tan dinámico que  ocurre en la mayoría de estos lugares, no todos los habitantes son “reubicados” ni tienen el mismo origen común que debiera estar en el evento desastroso.

Es así, que cada caso de estudio muestra rasgos particulares relacionados con el contexto socioeconómico, político y cultural a nivel local, aunque en el presente trabajo, para fines prácticos, nos centraremos en el caso concreto de Motozintla, Chiapas.

No obstante los antecedentes de reubicación involuntaria de poblaciones en el estado de Chiapas datan desde la llegada de los españoles; poco después de la consolidación de la conquista, ya que surgieron una serie de instituciones y medidas con el propósito de reforzar el dominio hispánico sobre la población indígena. Algunas de estas medidas fueron la fundación de la Audiencia de los Confines, cuya jurisdicción abarcaba la Península de Yucatán, la región de Chiapas, Guatemala, Honduras y Nicaragua; el obispado de Guatemala, y la congregación de las poblaciones indígenas para constituirlas como ‘pueblos de indios’, barrios de población nativa erigidos alrededor de las principales ciudades de españoles conquistadores e hidalgos en el territorio chiapaneco, como Ciudad Real (hoy San Cristóbal de las Casas) y posteriormente otras, como la villa de Motozintla, que se convertiría al cabo de dos siglos en una de las ciudades más importantes y estratégicas para el comercio mexicano con Centroamérica, y en una de las principales zonas cafetaleras del país.

En la actualidad, han sido dos situaciones de desastre las que han detonado la mayor cantidad de reubicaciones en la historia de esta entidad: la primera de ellas se presentó en el año 1998 a causa de las intensas lluvias e inundaciones como resultado del paso del huracán Mitch y de la tormenta tropical Xavier. En Motozintla, estas inundaciones fueron el motivo para realizar la construcción de tres colonias de reubicación, denominadas ‘Nuevo Milenio’; y la de 2005, por la precipitación causada por el huracán Stan, cuando en la ciudad de Motozintla fueron destruidas más de 800 casas dejando casi 14 mil damnificados, es decir, el 70% de los casi 20 mil habitantes que habitan en los 36 barrios que conforman el área urbana.

Ambos sucesos, acaecidos en diferentes momentos pero en el mismo espacio, permiten observar y corroborar la idea de una construcción social del riesgo, en la cual la vulnerabilidad desempeña un papel fundamental y depone el discurso “natural” de los desastres al mostrar el influjo que en ellos tiene el modelo político y económico vigente, las políticas gubernamentales a diferentes escalas, así como también la marginación espacial en la que se encuentra una gran parte de la población, no sólo chiapaneca, sino a nivel nacional, aunque cabe señalar que, en el caso de Chiapas dada su riqueza biótica, mineral, humana y cultural entre otras, es complejo, y a la vez infructuoso, realizar un estudio íntegro que muestre todas las causas que estos proyectos de reubicaciones implican así como también las consecuencias que conllevan.

De acuerdo a nuestra experiencia, las reubicaciones han resultado un gran negocio para los grupos de poder que controlan y están involucrados en el proceso de reubicación, a los cuales les importa muy poco encontrar una verdadera solución a las necesidades y problemáticas de la gente afectada.

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Bibliografía:

CONACULTA-Instituto Nacional de Antropología e Historia (1997) Chiapas: historia, arqueología y tradiciones. Ediciones Monclem, México. Textos de Susana Vogel.

Galicia Castillo, Rubén (2009) Identidad y lugar, su reconfiguración en el caso de la colonia de reubicación por desastre: Arroyo del Maíz, Poza Rica, Veracruz. Tesis de licenciatura. UNAM, México.

García Espejel, Alberto (2003) Las contradicciones del desarrollo: el impacto social de los reacomodos involuntarios por proyectos de desarrollo. Serie Humanidades, Universidad Autónoma de Querétaro.

Macías Juárez, Erick Alfredo (2009) Reconstrucción de la vulnerabilidad social en una comunidad reubicada por desastre: el fraccionamiento ‘Vida Mejor’ III en Motozintla, Chiapas. Tesis de licenciatura, UNAM, México.

Macías Medrano, Jesús M. “La reubicación del riesgo”. En Macías Medrano, Jesús M. compilador (2001). Reubicación de comunidades humanas. Entre la producción y la reducción de desastres. Universidad de Colima, México.

Macías Medrano, Jesús (2008) Reubicaciones por desastre. Análisis de intervención gubernamental comparada. CIESAS, México.

Morales Espinosa, Martín “Dinámica socioeconómica de las reubicaciones por inundación: Caso Vida Mejor III, Motozintla, Chiapas”. En: Vera, Gabriela coordinadora (2008) Devastación y Éxodo. Memoria de seminarios de reubicaciones por desastre en México. Papeles de la Casa Chata, CIESAS, México.

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[1] Lic. en Geografía. Colegio de Geografía, UNAM

Maestría en Antropología Social, CIESAS.

[2] Lic. en Geografía. Colegio de Geografía, UNAM

Maestría en Antropología Social, CIESAS.