Derechos colectivos de los pueblos indígenas y originarios

22 11 2008

Fernando Garcés

10/May/2008

publicado en memoria.com.mx

Las transformaciones que se han operado en los niveles social y político en Bolivia, en los últimos dos decenios, están estrechamente relacionadas con los procesos de movilización de los pueblos indígenas originarios, tanto de tierras bajas como de tierras altas. Esto ha generado que tales pueblos estén al centro de la agenda social y política en asuntos como la demanda territorial, los planteamientos de recuperación de recursos estratégicos para el país y la exigencia de convocatoria de un espacio de transformación jurídica del Estado, cual se pretendía que fuese la Asamblea Constituyente.

Este proceso de emergencia está estrechamente relacionado con la crisis de un modelo económico y estatal que permanentemente ha rearticulado mecanismos de dominación de carácter capitalista y colonial. En este sentido, la relación pueblos indígenas-Estado ha estado continuamente marcada por una relación histórica de negación de ejercicio de sus formas de autogobierno. En los últimos años, los Estados latinoamericanos y el boliviano en particular han consignado una serie de normas jurídicas para la “protección” de los derechos de los pueblos indígenas1. Se trata de una suerte de multiculturalismo de Estado (Kymlicka, 1995; 2001) que ha permitido la inclusión de los pueblos indígenas en las estructuras estatales, pero dentro de la misma estructura colonial permitida por el liberalismo político.

No obstante, dichas políticas han situado en el debate del escenario nacional el tema de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, reconocidos en el artículo 30 del proyecto de Nueva Constitución Política del Estado, aprobada en la ciudad de Oruro el 9 de diciembre de 2007. En ella, el Estado boliviano reconoce el ejercicio de derechos territoriales, jurídicos y políticos, entre otros, como formas de ejercicio del derecho de autodeterminación y autogobierno en el marco de la concepción de Estado plurinacional planteado en el texto constitucional.

Para el caso que aquí nos ocupa es importante señalar la comprensión del sujeto social y político que es parte de nuestra atención. Nos referimos a la población que, a partir del Pacto de Unidad Indígena, Originario y Campesino, articula la concepción de clase (campesino) con la visión “étnico”-cultural (indígena originario). Como se sabe, la Revolución de 1952 desplegó todo un esfuerzo de anulación de las identidades colectivas indígenas en favor de un proyecto de nacionalización homogeneizadora. Este proceso tuvo mayor “recepción” en determinados sectores que en otros. En el caso de los valles y de la zona andina de Cochabamba, la afiliación de la población quechua y aimara a la estructura sindical agraria no mermó su capacidad de decisión comunal sobre el espacio y los recursos con los que interactuaba la población (Regalsky, 2003). Desde esta perspectiva, las comunidades denominadas campesinas mantuvieron espacios de ejercicio de sus derechos de acceso y uso de la tierra, además de sus mecanismos de control territorial sobre el conjunto de recursos y de su propia población.

El presente documento pretende ubicar la discusión de los derechos colectivos en el marco de la Propuesta de Nueva Constitución Política del Estado (PNCPE) como insumo para un debate que se mantendrá en el tiempo, más allá de las negociaciones que el gobierno y los sectores de la oligarquía agroempresarial lleven adelante para modificar el texto aprobado legítimamente en diciembre de 2007.

Datos para la construcción de un estado de la cuestión sobre derechos de los pueblos indígenas

Históricamente, los Estados de los países llamados latinoamericanos se construyeron sobre dos modelos de dominación. El primero es el modelo capitalista mediante el cual las oligarquías “nacionales” y los capitales globales se apropiaron de la fuerza de trabajo y de los recursos del planeta para convertirlos en productos industrializados y en ganancia privada a partir de la materia prima. Este modelo se combina con el modelo de dominación colonial mediante el cual se clasificó racialmente a las poblaciones de nuestros países para organizar la fuerza de trabajo según los requerimientos del capital. En la interacción de estos dos modelos de dominación se ha intentado formar lo que se llama “Estado nación”, es decir, una minoría hispano descendiente que intenta imponer la idea de que al interior de un Estado habita una sola nación con una población homogénea. Hasta ahora, el Estado nación ha manejado dos principios de administración: la desigualdad y la exclusión (Santos, 2003).

El principio de desigualdad es lo que ha permitido al Estado administrar los recursos en favor de los sectores empresariales, agroexportadores, terratenientes, banqueros, etcétera. El principio de exclusión ha construido un sistema por el cual los sistemas productivos de los indígenas, negros, campesinos, entre otros, se han subordinado a un modelo exportador y dependiente. A nivel político, a estos pueblos se les ha quitado el derecho a una participación en las instancias de decisión política y económica. Esto se ha expresado en usurpación de tierras y desestructuración de territorios indígenas, negación de su condición de sujetos políticos, instauración de una estructura de desigualdad que los ubicaba y ubica en uno de los últimos lugares de la escala social, ubicación en estado de servidumbre y cuasiesclavitud, desprecio y deslegitimación de su institucionalidad jurídica, económica, cultural, educativa, entre otros. Sin embargo, las luchas por la redistribución y el reconocimiento (Díaz-Polanco, 2004; Fraser, 1997: 17-54) también han estado en la agenda de las movilizaciones indígenas ya desde fines del siglo XIX e inicios del siglo XX (Rivera, 2004), rearticulándose en los últimos dos decenios a través de distintas estrategias y planteamientos (Garcés, 2006). Por ello, una de las transformaciones importantes que se han dado en el continente es que no puede separarse la lucha por la igualdad de la lucha por el reconocimiento de la diferencia: “Hoy ya no es posible luchar por la igualdad sin luchar también por reconocimiento de las diferencias” (Santos, 2007: 17).

Uno de los principios clave de recuperación de formas de redistribución y reconocimiento es la defensa por los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

El liberalismo instituyó los derechos individuales como los valores supremos de la humanidad, negando la historia de ejercicio de derechos colectivos de los pueblos. Además, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (individuales) está elaborada desde una determinada matriz civilizacional que se pretende universal y que, como dicen algunos autores (Santos, 1995), requieren ser especificados culturalmente por los distintos pueblos que los ejercen. En tal sentido, la marca occidental liberal en el discurso dominante sobre los derechos humanos puede rastrearse en la Declaración Universal de 1948, que fue redactada sin la participación de la mayoría de los pueblos del mundo; en el reconocimiento exclusivo de los derechos individuales, con la única excepción del derecho colectivo a la autodeterminación que, además, estaba restringido para los pueblos sometidos al colonialismo europeo; en la prioridad dada a los derechos civiles y políticos sobre los económicos, sociales y culturales; y en el reconocimiento del derecho de propiedad como el primer y -durante muchos años- único derecho económico (Santos, 1995: 354).

De ahí que los derechos individuales hayan sido el fundamento de un ejercicio de la propiedad privada como despojo de la propiedad colectiva y familiar de las tierras y territorios indígenas originarios. Recordemos, en este sentido, que la Ley de Exvinculación de 1874 reconoció el derecho ciudadano de que los adultos indígenas enajenen sus tierras comunales (Regalsky, 2003; Rivera, 2004). Hoy, muchos autores hablan de los derechos colectivos como los nuevos derechos fundamentales en referencia al derecho al agua, a la tierra, a la soberanía alimentaria, a los recursos naturales, a la biodiversidad, a los bosques, a los saberes ancestrales (Santos, 2007: 32). Como dice Marés, el derecho colectivo “es un derecho donde todos son sujetos. Si todos son sujetos del mismo derecho, todos tienen disponibilidad de él, pero al mismo tiempo nadie puede disponer de él contrariándolo porque sería violar el derecho de todos los demás” (Marés, 1996: 18). En tal sentido, los derechos colectivos serían parte de una conquista que abre una nueva categoría en la concepción de derechos que no son ni parte del Estado ni parte del individuo, “sino de colectividades parciales o globales, a las que el derecho empieza a llamar derechos colectivos difusos, porque su titularidad es difusa” (Marés, 1996: 17).

Esto plantea nuevos problemas que se expresan en una suerte de tensión permanente entre derechos individuales y colectivos, ya que hay una difícil relación entre el reconocimiento de una esfera intangible de jurisdicción indígena y la esfera de los derechos humanos universales; en otras palabras, las posibles fricciones entre los derechos colectivos de algún tipo de comunidad o pueblo y los derechos individuales universales que el Estado nación, como “representante” de una comunidad imaginada, pretende proteger (Assies, 1999: 41).

Por otra parte, es necesario distinguir entre derechos colectivos primarios y derechos colectivos derivados. En los derechos colectivos derivados, los individuos ceden sus derechos a una representación colectiva (por ejemplo, los obreros al sindicato). En los derechos colectivos primarios “no se trata de la decisión de individuos: es la comunidad por sí misma que tiene una constitución propia, la que se afirma como derecho colectivo” (Santos, 2007: 27). Asimismo, hay que especificar que los derechos colectivos primarios pueden ser ejercidos de dos maneras: individualmente (ejercicio del individuo indígena de un derecho de su pueblo) y colectivamente (por ejemplo, la autodeterminación). El centro de atención que nos estamos planteando es el de los derechos colectivos primarios ejercidos colectivamente; esto, en el caso de los pueblos indígenas, tiene que ver fundamentalmente con el derecho a la autodeterminación. El derecho a la autodeterminación o libre determinación (López, 2007) es el derecho colectivo fundamental que reclaman los pueblos indígenas originarios por el hecho de ser sujetos colectivos preexistentes a los Estados modernos que les negaron históricamente su identidad y sus formas de gobierno (Flores y otros, 2007: 16-17). Se trata de un derecho que siempre ha existido y que muchos pueblos llaman “el derecho mayor indígena”, en referencia al ejercicio de la autonomía y la soberanía de los pueblos indígenas que se resisten a ser absorbidos y liquidados por el derecho del colonizador, el derecho del Estado nación (Padilla, 1996).

La exigencia de que los Estados reconozcan el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas y originarios no se da con la finalidad de que aquéllos confieran ese derecho a éstos; el derecho de autodeterminación siempre ha existido y lo que se exige es que se formalice jurídicamente.

Obviamente, esto traería serias implicaciones en la configuración de los Estados, asunto del que hablaremos más adelante. Así pues, el derecho a la autodeterminación es el primordial, a partir del cual se derivan los demás derechos colectivos de los pueblos indígenas (derechos territoriales, a los recursos, a mantener sus instituciones jurídicas, políticas, económicas, educativas, etcétera; ONU, 2007). Se trata de un derecho que incluye “el control sobre un territorio entendido no sólo en términos de los recursos naturales, sino también como un espacio en que se podía desplegar su propia normatividad social, económica, política, jurídica y cultural y dar forma a las instituciones correspondientes” (Assies, 1999: 45). En países como Colombia y Bolivia, el reconocimiento a formas de gobierno indígena ha estado estrechamente relacionado con políticas de descentralización (Assies, 1999: 37), las cuales se han dado en el marco del ordenamiento territorial de herencia colonial. Por ello, en términos de jurisdicción, es necesario pensar en formas de autogobierno “extraterritoriales” (Santos, 2007: 33), es decir, basadas en una territorialidad no necesariamente sujeta a la estructura territorial del Estado nación. Asimismo, con base en este derecho fundamental, los Estados y el empresariado trasnacional debe someterse a la voluntad de los pueblos indígenas en asuntos de su interés en referencia a sus territorios, recursos, instituciones y políticas públicas; esto es lo que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas han llamado el “consentimiento libre, previo e informado” que deben emitir los pueblos indígenas ante acciones de tal naturaleza (véase Flores y otros, 2007: 14).

La base para el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas

Frente a la construcción del sistema de dominación estatal previamente expuesto, los pueblos indígenas originarios de Bolivia plantean la propuesta del Estado plurinacional. El Estado plurinacional es una propuesta que rompe la hegemonía del Estado nación, disputa el monopolio de poder de la clase capitalista criolla y de la oligarquía, sectores privilegiados que han creído siempre ser los “constructores” de la nación. Estoo implica imaginar Bolivia de otra manera: no se trata de un país habitado por una población que se siente perteneciente a una sola nación; se trata de un Estado en el que en su interior cogobiernan o ejercen su autogobierno distintos pueblos y naciones con sus propios sistemas de vida, de producción, de manejo del espacio, etcétera. No se trata tampoco de un simple reconocimiento de la diversidad cultural (eso ya lo hizo la reforma a la Constitución de 1994); se trata de que los distintos pueblos y naciones que conforman el Estado boliviano puedan decidir sobre su destino, sus recursos, sus sistemas de elección de autoridades y sus normas de convivencia y de relación con la naturaleza. En definitiva, se trata de ver cómo articular un Estado plurinacional (es decir, superar el mecanismo de exclusión que por siglos ha mantenido a los pueblos indígenas fuera de los mecanismos de decisión política) con la superación de los mecanismos de desigualdad producidos por el Estado nación. Dicho de otra manera, cómo hacer para que la inclusión de los pueblos indígenas en el Estado no sirva para reproducir y hacer más eficientes los mecanismos de desigualdad social (o sea, los mecanismos de dominación según clases sociales) y no se convierta en un peligro para que las organizaciones sociales, especialmente indígenas, pierdan su independencia frente al Estado (Padilla, 1996).

¿Cuál es la concepción de Estado plurinacional que plantearon las organizaciones del Pacto de Unidad (CSUTCB y otros, 2006) a la Asamblea Constituyente en su texto del 5 de agosto de 2006? Se planteaba la propuesta de Estado Plurinacional como mecanismo para trascender el modelo de Estado liberal y monocultural con fundamento en el ciudadano individual, mediante la constatación de que el modelo liberal es el que ha impuesto la cultura occidental y ha marginado y debilitado las culturas originarias y los sistemas políticos y jurídicos de los pueblos indígenas. A su vez, la división político administrativa del Estado nación ha impuesto fronteras que han roto unidades territoriales tradicionales y resquebrajado la autonomía de los pueblos y el control sobre la tierra y los recursos naturales. Este andamiaje de despojo ha ido de la mano con la imposición de un sistema jurídico uniforme y ciertos modelos de gobierno y de administración de la justicia ajenos a los pueblos indígenas y en favor de las leyes del mercado que han privado y privan a pueblos de sus medios de subsistencia, deteriorando su calidad de vida.

En el sentido antedicho, se considera el Estado plurinacional como un modelo de organización política para la descolonización de las naciones y pueblos indígenas originarios, para la recuperación de su autonomía territorial, para garantizar el ejercicio pleno de todos sus derechos como pueblos y para ejercer sus propias formas de autogobierno. De ahí que uno de los elementos fundamentales para la concreción del Estado plurinacional es el derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales, con el objetivo de poner fin al latifundio y a la concentración de tierras en pocas manos y romper, así, con el monopolio del control de los recursos naturales en beneficio de intereses privados.

Un Estado Plurinacional en el que sea posible el ejercicio real de los derechos colectivos de pueblos indígenas originario sólo se concretará en la medida que se dé cabida al concepto y práctica del pluralismo jurídico. Correlativamente, el concepto de pluralismo jurídico sólo se puede entender si se abandona la idea de Estado nación. Cuando se piensa bajo la categoría de Estado nación, se cree que a un Estado le corresponde una sociedad homogénea y, por tanto, un solo Derecho. “La realidad es que el Estado no tiene un monopolio efectivo sobre la producción e imposición del Derecho” (López 2005: 96). Por ello, se debe reconocer que al interior de un determinado espacio geopolítico distintos sistemas jurídicos circulan en igualdad jerárquica. El pluralismo jurídico es una realidad de hecho (pluralismo jurídico de hecho), pero también puede ser una realidad de Derecho (pluralismo jurídico formal). Dentro del pluralismo jurídico formal se puede distinguir entre el pluralismo jurídico formal de tipo unitario y el pluralismo jurídico formal igualitario. En el primer caso se hace referencia al reconocimiento que hace el Estado de la existencia de distintos sistemas de Derecho, pero de manera unilateral. Es decir que el Estado, al momento de reconocer, se reserva la potestad de determinar unilateralmente el ámbito de aplicación y la legitimidad del Derecho reconocido, mismo que se convierte en subsidiario (supletorio) del Derecho estatal, puesto que las condiciones de su existencia y funcionamiento están delimitadas por el Derecho estatal (López, 2005: 97).

En el segundo caso, el Derecho oficial reconoce la validez de normas de los diversos sistemas de derechos que tienen su origen en comunidades especiales y que conforman una parte diferenciada pero constitutiva de la sociedad entera, teniendo capacidad para que su derecho sea reconocido como parte integral del orden legal nacional (López, 2005: 97-98). Esto implica, dejar de pensar en un sistema jurídico cerrado para pasar a reconocer “la existencia de un campo jurídico, constituido por la articulación, la intermediación y la disonancia entre distintas normatividades en un contexto de proceso y conflicto” (Assies, 1999: 49).

Los derechos de los pueblos indígenas en el proyecto de CPE

El proyecto de nueva Constitución Política del Estado Boliviano, aprobado por la Asamblea Constituyente el 9 de diciembre de 2007 en la ciudad de Oruro, parte del reconocimiento de la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos (artículo 2). Esta existencia precolonial garantiza el dominio territorial y su derecho a la libre determinación en el marco del Estado con derecho a la autonomía y al autogobierno, con el reconocimiento de sus instituciones y con la consolidación de sus entidades territoriales. Al tiempo que se explicita que la diversidad cultural del país es la base esencial del Estado plurinacional, se afirma que la interculturalidad debe funcionar como instrumento de cohesión y convivencia armónica y equilibrada de la plurinacionalidad boliviana (artículo 99).

Por otra parte, el proyecto de Constitución define a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos como colectividades con existencia precolonial que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión (artículo 30). En cuanto a lo específicamente referido a los derechos, es necesario anotar que el proyecto de Constitución contiene un amplísima carta de derechos (individuales), lo cual ya es destacable; sin embargo, lo verdaderamente importante es el reconocimiento de los derechos colectivos, de los derechos como pueblos y naciones para la población indígena y esto en igualdad de jerarquía que los derechos individuales.

¿Cuáles son los derechos que reconoce el proyecto de Constitución? Los principales son: derecho a la autodeterminación, derechos territoriales, derechos políticos, derechos jurídicos, derechos epistémicos, derechos identitarios, derechos ambientales, derechos educativos, derechos de salud y derechos espirituales Estos derechos se encuentran, principalmente, entre los artículos 30 a 32. Abordaremos aquí los primeros por considerarlos centrales en la posibilidad de reconfiguración de los espacios de poder estatal.

El derecho a la autodeterminación implica el ejercicio de prácticas acordes con los sistemas políticos y jurídicos de los pueblos indígenas; asimismo, implica, como ya decíamos, el derecho a la consulta frente a medidas que afecte los sistemas de vida de los pueblos indígenas. Aquí la formulación del proyecto de NCPE es más tibia que la lograda en la Declaración de las Naciones Unidas. Volveremos sobre este punto en referencia a la temática de los derechos territoriales. La consulta que se plantea debe ser previa, obligatoria desde el Estado, de buena fe y concertada sobre todo en referencia a los recursos naturales no renovables.

En cuanto a los derechos territoriales, conviene recordar que si bien es cierto que la noción de territorio frecuentemente se reduce a los derechos sobre el hábitat y los recursos naturales, “un entendimiento más amplio abarcaría el alcance y la escala efectivos del autogobierno y de la autonomía en sus varias dimensiones” (Assies, 1999: 49). En este sentido, los derechos territoriales se encuentran estrechamente relacionados con el derecho a la autodeterminación y al autogobierno (Regalsky, 2006), lo cual “incluye el derecho de los pueblos de determinar libremente su estatus político y de perseguir también libremente su propio desarrollo económico, social y cultural” (Assies, 1999: 49). Vistos de esta forma, los derechos territoriales tienen que ver tanto con los derechos económicos, sociales y culturales como con los derechos políticos, ya que se refieren, por un lado, al tema de recursos, pero también al de jurisdiccionalidad y autoridad (Assies, 1999: 42-43).

En el proyecto de NCPE se reconoce la integralidad de los territorios de los pueblos indígenas originarios, lo que implica el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios. También se considera la facultad de aplicar normas propias y el reconocimiento de sus estructuras de representación de acuerdo con criterios culturales propios (art. 402). Con respecto al tema tierra, específicamente, se reconoce el derecho a la titulación colectiva de sus tierras y territorios y a la dotación de tierras fiscales a pueblos indígenas originarios que no las posean o que las posean de manera insuficiente (art. 395). Del lado de los recursos naturales, hay que recordar que el Proyecto de NCPE establece que todos los recursos son de propiedad y dominio del pueblo boliviano, delegándosele al Estado la administración de los mismos en función del interés colectivo (artículo 349).

Desde la perspectiva de la jurisdiccionalidad territorial, se ve la autonomía indígena como la expresión del derecho de autogobierno y como ejercicio de la autodeterminación de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas (artículo 290). Queda claro, así, que el autogobierno de las autonomías indígenas se ejercerá de acuerdo a las normas, instituciones, autoridades y procedimientos propios (artículo 291). Por ello, se plantea que las autonomías indígenas tienen igual rango constitucional que las otras formas autonómicas (artículo 277). En cuanto a los derechos políticos, lo central de la PNCPE es el derecho a la participación política de acuerdo a normas y procedimientos propios; esto, en referencia a la elección de candidatos (artículo 211) y la institucionalización de circunscripciones especiales indígenas originarias para la elección de asambleístas para la Asamblea Legislativa Plurinacional (artículo 149).

Los derechos jurídicos se expresan en la designación de una jurisdicción indígena originaria en concordancia con los principios de pluralismo jurídico y de interculturalidad (artículo 179). Esto significa que la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria gozan de la misma jerarquía (artículo 180) y que ésta es ejercida por las propias autoridades de las comunidades, aplicando los principios, valores culturales, normas y procedimientos propios (artículo 191). Por otro lado, el proyecto de NCPE afirma que la jurisdicción indígena originaria conocerá todo tipo de relaciones jurídicas, es decir, también los actos y hechos que vulneren los bienes jurídicos realizados dentro de su ámbito territorial, teniendo la facultad de decidir en forma definitiva (artículo 192). Los derechos epistémicos se refieren a la obligación del Estado de proteger los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios mediante el registro de la propiedad intelectual para salvaguardarlos en cuanto derechos intangibles de los pueblos (artículo 91). De igual forma, se norma que los distintos niveles educativos tomen en cuenta los saberes colectivos de los pueblos indígenas originarios (ver, por ejemplo, el artículo 91 en referencia a la educación superior).

A diferencia del modelo de interculturalidad operado en el país después de la aprobación de la Ley de Reforma Educativa de 1994, el proyecto de NCPE plantea que la educación debe ser intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo (artículo 78). Las disposiciones lingüísticas que acompañan esta decisión se refieren al carácter oficial de todos los idiomas indígenas en paridad con el castellano (artículo 5) y a la obligatoriedad del uso de, por lo menos, dos idiomas oficiales, siendo uno de ellos el castellano, en las instancias de los gobiernos plurinacional y departamental (ibid.) y por parte de todo funcionario público (artículo 235).

Conclusión

La llamada Guerra del Agua, en 2000, abrió un proceso de movilización social que evidenció la crisis del Estado nación y su vinculación a un proyecto civilizatorio que ha rearticulado permanentemente formas de sujeción económica, social, política y territorial (Shultz, 2008). La Marcha de los Pueblos Indígenas por la Dignidad, el Territorio y la Asamblea Constituyente, el año 2002 (Romero, 2005), puso sobre la mesa del debate público la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente participativa, soberana y fundacional, es decir, una asamblea con participación de los pueblos indígenas, secularmente excluidos de los espacios de decisión política; una asamblea no sometida a los poderes constituidos y que ponga los cimientos de una nueva estructuración estatal y social. Tal vez las expectativas de las organizaciones sociales y los pueblos indígenas fueron demasiado altas ya que, como se sabe, la Asamblea Constituyente boliviana no logró consolidarse en estas tres exigencias. Hay ya, sin embargo, un camino abierto por donde transitar en el largo plazo. La segunda propuesta de las organizaciones del Pacto de Unidad (CSUTCB y otros, 2007), más que sólo un texto que consideró -y de manera fundamental- la Asamblea Constituyente, se ha constituido en una ruta de trabajo hacia la consecución de formas que piensen los derechos humanos y el Estado fuera de los márgenes del liberalismo político y la matriz civilizacional aniquiladora de pueblos y esperanzas.

NOTA

1 La lista sería extensa; de manera indicativa citamos el artículo 171 de la actual Constitución que reconoce el derecho normativo de las comunidades indígenas según “usos y costumbres”; la ratificación del Convenio 169 de la OIT mediante la Ley 1257, donde se reconoce las nociones de pueblo y territorio indígena; el reconocimiento de una modalidad de propiedad colectiva de la tierra denominada Tierras Comunitarias de Origen en la llamada Ley INRA; el reconocimiento a las autoridades indígenas tradicionales y el otorgamiento de personería jurídica a formas tradicionales de organización comunal mediante la Ley 1551 de Participación Popular.

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El autor es coordinador general del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (Cenda) de Cochabamba, Bolivia.

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